11 de mayo de 2014

El vigilante de seguridad condenado por el robo de hachís en la Aduana de huelva recurre por "error en la apreciación" de la prueba.

El vigilante de seguridad de la sede de la Aduana de Huelva, donde en la Nochevieja de 2012 coincidiendo con las campanadas de Año Nuevo un grupo de encapuchados robó una tonelada de hachís, va a recurrir la sentencia que lo condenaba únicamente a él a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 6,1 millones de euros, mientras que absolvía a los otros once acusados.

En declaraciones a Europa Press, su letrado, Manuel Domínguez, ha explicado que en el recurso, interpuesto ante dicho juzgado en esta misma semana para que lo traslade a la Audiencia, la encargada de resolver, se alega "error en la apreciación de la prueba", por lo que pide su impugnación al considerar que la sentencia es "contraria a norma o a la doctrina legal que interpreta la norma".

En este sentido, ha precisado entender que "el juez no ha sabido valorar las pruebas desarrolladas durante el proceso y su resolución infringe la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS)".

Cabe recordar que la Fiscalía de Huelva también ha presentado un recurso en apelación contra esta sentencia al considerar "errónea" la valoración de las pruebas por parte del tribunal encargado del caso respecto a los demás acusados.

La sentencia absolvió a estos últimos al entender que "no se ha acreditado" la participación de los mismos en los hechos descritos y señaló que aquella noche "un número no determinado de individuos cuyas identidades no se han precisado" entraron en las instalaciones de Aduana apoderándose de 950 kilos de hachís, una sustancia que no ha sido recuperada.

A su vez, el juzgado absolvió a este vigilante --al que dejó en libertad tras culminar el juicio y llevar en prisión preventiva desde que ocurrieron los hechos-- de los delitos de hurto continuado y de otro contra la salud pública que también pedía el Ministerio Fiscal en su acusación.

Durante el juicio, siete de los 12 acusados --los demás se acogieron a su derecho a no declarar--, negaron los hechos y dos de ellos aseguraron que "se sintieron amenazados por la Policía para que firmaran la declaración". Finalmente, el vigilante de seguridad también se acogió a su derecho a no declarar.