Los oficiales de los puertos bajo la administración del Gobierno canario podrán cobrar las tasas que se generen en los recintos o solicitar la documentación necesaria para operar legalmente en ellos, además de cumplir con sus funciones de policía y vigilancia de estos muelles. Así se recoge en el nuevo reglamento elaborado por el Ejecutivo autonómico, que se ha remitido ya al Consejo Consultivo para que emita un dictamen.
La Consejería de Presidencia del Gobierno canario comunicó el trámite esta misma semana, para dar a conocer un decreto que también regula la actividad de los vigilantes de seguridad privada de los muelles bajo gestión autonómica. Unos efectivos, estos últimos, que también podrán realizar el control de entrada de las embarcaciones que usen estos recintos, además de la identidad de los usuarios de los muelles.
Aunque la norma limita las competencias de los agentes de seguridad privada en lo que atañe a los interrogatorios a las personas detenidas bajo sospecha de haber delinquido dentro de los muelles. Los sospechosos, en estos casos, deberán ser puestos a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El reglamento que ahora debe evaluar el Consejo Consultivo de Canarias para emitir un dictamen, es de aplicación a los puertos "que se encuentren en explotación directa por la administración portuaria canaria".
El trabajo de los oficiales de puertos y los agentes de seguridad privada se desarrolla "bajo la jefatura inmediata y directa del director gerente o cargo análogo" en los Puertos de Canarias, "siguiendo las instrucciones de la Jefatura de Explotación".
