El Gobierno de Canarias solicitó el dictamen urgente del Consejo Consultivo de Canarias sobre el proyecto de decreto por el que se aprueba el reglamento de policía y gestión de los puertos de gestión directa de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El portavoz del Ejecutivo canario, Martín Marrero, ha explicado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que este documento tiene por objeto regular el funcionamiento de los servicios y operaciones, así como los usos y actividades que se desarrollen en los puertos, estableciendo las actuaciones administrativas a desarrollar para los supuestos de incumplimiento de la normativa de aplicación.
El proyecto de decreto establece como personal de vigilancia del dominio público portuario a los oficiales de puertos y a los vigilantes de seguridad privada.
Los primeros son los agentes administrativos y de policía especial del dominio público portuario y del servicio portuario de gestión directa de la Administración portuaria canaria.
Su actuación se realiza bajo la jefatura inmediata y directa del director gerente o cargo análogo de la administración portuaria canaria, siguiendo las instrucciones de la jefatura de explotación.
Se trata de un colectivo de agentes de la autoridad, que la Administración portuaria canaria destina al dominio público portuario objeto de su gestión directa.
En base a este proyecto de decreto, no ejercerán las funciones coercitivas y represivas, de mantenimiento del orden público y de persecución del delito, atribuidas a las fuerzas y cuerpos de seguridad públicos, por lo que no portarán armas.
Sus principales funciones son, entre otras, la vigilancia y control dentro de la totalidad del dominio público portuario, el control y gestión de la documentación administrativa inherente y necesaria a la explotación de los puertos y el cobro de las tasas y precios públicos o privados.
Por su parte, los vigilantes de seguridad privada son aquellos empleados asignados por la empresa contratista de la prestación de servicios de vigilancia en los puertos gestionados directamente por la administración portuaria canaria.
Sus principales funciones son, entre otras, la vigilancia y protección de los bienes muebles e inmuebles, el control de identidad en los accesos a los puertos y reaccionar ante situaciones de emergencia en el puerto, conforme a los planes e instrucciones recibidas.
Con la aprobación de este reglamento, el Gobierno delimita las funciones que corresponderán a cada uno de los profesionales que ejercen su labor en los puertos.
