La investigación abierta esta semana por la CNMC hace saltar las alarmas en el negocio del transporte de fondos
La empresa de seguridad Prosegur ha sufrido un enorme descalabro en Bolsa esta semana tras la investigación abierta por la Cominisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) por prácticas presuntamente ilegales y en colaboración con la empresa Loomis Spain, vinculada al grupo Securitas.
Las acciones de Prosegur cerraron la sesión de este miércoles con una caída del 1,3% en Bolsa tras conocerse que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador contra la compañía por posibles prácticas contra la libre competencia junto con Loomis Spain. El viernes, la caída continuaba.
En los cruces más bajistas de determinadas sesiones de esta semana, el descalabro llegó a superar el 3% si bien se han mantenido en todo momento los 5,00 euros por acción.
SEGÚN LA INVESTIGACIÓN DE LA CNMC, CUANDO UN CLIENTE DE PROSEGUR LLAMABA A LOOMIS PARA PEDIR PRECIOS DE LOS SERVICIOS, SE LE OFRECÍA UNA TARIFA SUPERIOR A LA DE PROSEGUR PARA QUE ÉSTA NO PERDIERA EL CLIENTE
Las infracciones de las que se acusa a Prosegur y a Loomis Spain son contra la competencia en servicios de transporte y manipulación de fondos en España, entre ellas reparto de clientes y fijación de precios. Ha sido la propia CNMC quien ha iniciado de oficio la investigación al tener conocimiento de informaciones que apuntaban hacia estas prácticas.
La gravedad del asunto obligó a la CNMC a registrar las oficinas centrales de ambas compañías. El organismo regulador considera que existen "indicios racionales" que apuntan hacia estas prácticas concertadas y contrarias a la regulación nacional y comunitaria vigente. Es por ello que ahora la investigación inicia un periodo de 18 meses en los que como máximo deberá instruirse el expediente y otorgarse una resolución al respecto.
Modus operandi
La investigación abierta a Prosegur y Loomis se centra en el reparto de clientes en el transporte de fondos nacional, de tal manera que las empresas, que hasta ahora se distribuyen la mayor parte de los clientes, presuntamente impedían la libre competencia. Según aseguran fuentes cercanas a la investigación abierta por la CNMC, cuando un cliente de Prosegur llamaba a Loomis para pedir precios de los servicios, se le ofrecía una tarifa superior a la de Prosegur para que ésta no perdiera el cliente. Lo mismo ocurría cuando un cliente de Loomis llamaba a Prosegur. De esta forma, ambas compañías se reparten la mayor parte de los servicios en territorio nacional.
Hasta el momento, el reparto de fondos era casi exclusivo de estas dos empresas en la Península, con beneficios superiores a los 30 millones de euros. Sólo cuatro empresas de seguridad tienen la certificación del Ministerio del Interior para poder efectuar transporte de fondos en España: las dos investigadas por la CNMC, Trablisa (en territorio balear) y Seguridad Integral Canaria, en el Archipiélago. Sin embargo, la empresa isleña ya tiene certificación para poder operar en todo el territorio nacional y se encuentra en pleno proceso de expansión. Se espera que a lo largo del presente año ya se encuentre instalada en la Península para poder realizar transporte de fondos. La investigación abierta por la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia marcará las pautas a seguir a partir de ahora.
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