Un juez federal de Washington ha condenado a un ex guardia de la empresa de seguridad Blackwater Worldwide a prisión perpetua, y a otros tres a 30 años por la matanza de 14 civiles iraquíes desarmados en 2007, y 17 civiles heridos. Es una sentencia histórica que sirve a la ONU para pedir una vez más que se regule la actividad de las empresas que contratan mercenarios.
Las empresas militares y de seguridad privadas (EMPS) tienen que estar reguladas según la ONU que asegura que la externalización de la seguridad, es decir, la contratación de mercenarios por los Estados propicia, en ocasiones, el incumplimiento de los derechos humanos.
«Estamos de acuerdo con las sentencias impuestas a los paramilitares en este juicio histórico», ha dicho Elzbieta Karska, que encabeza el grupo de cinco expertos independientes de derechos humanos de la ONU. «Según las normas internacionales de derechos humanos y del derecho humanitario, al personal de las EMSP se les debería considerar siempre responsable de las violaciónes que cometan.»
«Sin embargo, esas condenas son la excepción y no la regla», ha dicho Karska. «La dificultad de juzgarlos demuestra la necesidad de un tratado internacional que aborde el papel cada vez más importante que las empresas militares privadas desempeñan en los conflictos transnacionales.»
La experta en derechos humanos señala que la adopción de un nuevo instrumento jurídico internacionaldentro de la ONU ofrecería un marco claro para supervisar eficazmente los abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos por las empresas militares y de seguridad privadas y proporcionar una vía independiente para compensar a las víctimas de tales violaciónes
«El Grupo de Trabajo promueve el diálogo en torno a la redacción de un posible instrumento internacional jurídicamente vinculante, y espera con interés trabajar con las partes interesadas, para crear un marco normativo internacional sobre la regulación, vigilancia y supervisión de las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas».
«No puede haber justicia sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas y reparación para las víctimas», ha subrayado la experta. «Los Estados tienen la responsabilidad de garantizar que las víctimas y sus familias tengan acceso equitativo y efectivo a la justicia, así como una reparación adecuada, eficaz y rápida del daño sufrido».
El incidente que ha motivado esta sentencia histórica, tuvo lugar el 16 de septiembre de 2007 cuando cuatro mercenarios estadounidenses abrieron fuego de ametralladora y lanzagranadas contra los transeuntes, entre los que había mujeres y niños, que se encontraban en la plaza Nisur de Bagdad, para abrir paso a un convoy de diplomáticos estadounidense.
Blackwater EE.UU, como fue llamada en un principio, fue fundada en 1996 por el fundamentalista cristiano Erik Prince, que había pertenecido al cuerpo de élite de la marina estadounidense SEAL Tras el escándalo que provocó la matanza la empresa fue vendida y cambiada de nombre varias veces. En la actualidad se llama Academi.
Blackwater obtuvo sin licitación gran número de contratos de la administración Bush en Irak, Afganistán, y en Nueva Orleans después del Katrina.
