La puesta en marcha de vigilancia privada, por parte de la empresa Segur Ibérica, en el entorno de la cárcel de Picassent ha supuesto ya el primer quebradero de cabeza para el Ministerio del Interior. Tras las quejas de los funcionarios de prisiones por privatizar este control, el Gobierno se encuentra ahora con una sanción por parte de la Agencia Española de Protección de Datos por proporcionar información confidencial de los presos a los guardias jurados, como anunció ayer el sindicato Acaip.
La ilegalidad e infracción de la Ley de Protección de Datos se produjo porque los funcionarios de servicio «debían facilitar a los miembros de la empresa de seguridad listados con nombres y apellidos de los internos que debían salir del Centro de Inserción Social, ubicado dentro del complejo penitenciario», como explica la entidad sindical.
Como critica Acaip, la sanción de la Agencia llega «al no quedar suficientemente claro que esos vigilantes de seguridad pudieran manejar esos datos, por carecer de habilitación legal para ello. Según la resolución del organismo, la sanción se impone al Ministerio del Interior por «transmitir los datos a un encargado del tratamiento sin dar cumplimiento a los deberes formales establecidos en la Ley de Protección de Datos».
La Agencia de Protección de Datos da un mes a los responsables de la cárcel de Picassent para que se subsane la forma de actuar y no se repita. Desde Acaip ya han criticado la privatización de la vigilancia por suponer «un dispendio económico enorme y sin sentido», de 800.000 euros al año, por una labor que ya realizaban antes los funcionarios. El sindicato también carga contra el «oscurantismo» de Interior por no dar datos del contrato.
