Fuentes sindicales explicaron que las supuestas irregularidades han sido denunciadas ante la Inspección de Trabajo y el Tribunal Laboral Canario para que medien entre la patronal y el personal.
El Comité de Empresa señaló que las denuncias empezaron en octubre del 2011, pero se han intensificado en el último mes. Los sindicalistas afirman que Asuntos Sociales y la Dirección General del Menor no han adoptado medidas eficaces y recuerdan que el Gobierno canario tiene la responsabilidad subsidiaria en caso de que Seguridad Integral Canaria no cumpla con los trabajadores.
La postura de la citada empresa incumple el contrato de la concesión administrativa con el Ejecutivo, que se basa en el convenio colectivo existente a nivel nacional para los vigilantes, según el Comité de Empresa.
En esa línea, los representantes de los vigilantes lamentan que, frente a sus quejas, en septiembre del presente año el Gobierno canario le renovó el contrato a Seguridad Integral Canaria para vigilar los centros de medidas judiciales de menores.
Un portavoz sindical explicó que la empresa solo aplica dichas condiciones laborales al personal que está destinado en Valle Tabares.
eldia.es
