El Gobierno de Canarias autorizó ayer en su sesión semanal del Consejo de Gobierno a la financiación con 7,4 millones de euros los servicios de vigilancia y protección que necesitan los centros de internamiento de menores a lo largo de tres años, en concreto el trienio correspondiente entre 2017 y 2019.
El servicio que va a sufragar la comunidad autónoma consiste en la vigilancia y protección de los centros de internamiento educativo de menores, tanto en lo que se refiere a la ayuda al personal de este tipo de recursos cuando sea necesario para mantener como para restablecer el orden interno.
En la actualidad, el Archipiélago cuenta con un centro de internamiento de menores en régimen cerrado (localizado en la localidad lagunera de Valle Tabares, en Tenerife) y otros dos de internamiento en régimen semiabierto (también Valle Tabares y otro en La Montañeta, en Gran Canaria).
La red de este tipo de centros para menores se completa con otros cuatro de convivencia en grupo educativo en régimen abierto, además de varios recursos para internamiento en régimen abierto.
En la actualidad, un total de 207 jóvenes cumplen medidas en centros de internamiento en el Archipiélago y de ellos, solamente dos en régimen cerrado, mientras que el resto disfruta de un régimen semiabierto. Además, otros 785 menores cumplen medidas en las Islas en régimen abierto.
