(Imagen) tercero por la izquierda, el secretario general de la FTSP-USO Extremadura Jose Luis Mendez, con el grupo parlamentario Popular
Mérida, 22 de mayo de 2017. El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha recriminado a Guillermo Fernández Vara el incumplimiento de las cláusulas sociales que prometió ante notario, dentro de la medida 22 de la Agenda del Cambio. La situación que están atravesando los trabajadores contratados para velar por la seguridad de los edificios de la Junta revela que el Ejecutivo no defiende a cientos de profesionales que se enfrentan a posibles reducciones mensuales de sueldo de 475 euros de media.
El Grupo Popular ha mantenido una reunión esta mañana con los principales representantes sindicales de los empleados afectados para recoger sus demandas. En el encuentro, los responsables de USO UGT, CSIF, y CCOO han explicado que la situación de los vigilantes de seguridad de la empresa a la que se adjudicó la vigilancia de edificios públicos es delicada porque se ha producido un descuelgue del convenio que ya ha sido rechazado por el comité de empresa.
Los trabajadores han comunicado que harán huelga los días 2,3,4 y 5 de junio.
La portavoz de Administración Pública del GPP, Eva Pérez, ha señalado que esta decisión afecta a trabajadores de toda Extremadura, “un total de 200 personas que perderán derechos laborales y un 20% de su salario”. “Nos preguntamos dónde están las cláusulas sociales que, supuestamente, iban a devolver derechos a los trabajadores”, ha afirmado Pérez. El GPP ha anunciado que impulsará una propuesta en el parlamento para defender a estos trabajadores, ya que la Junta no les ha ofrecido solución alguna.