La resolución reprueba a la Delegación del Gobierno por autorizar el servicio y advierte de que limita la libre circulación de personas
odo un Consejo de Estado ha tenido que ser el encargado de resolver el conflicto vecinal que se vivía en la urbanización Los Romeros de Las Torres de Cotillas a cuenta del servicio de vigilancia privada. En una resolución a la que ha tenido acceso 'La Verdad', el Consejo declara «la nulidad de pleno derecho» de la autorización que, el 10 de marzo de 2009, le concedió la Delegación del Gobierno a la comunidad de propietarios Los Romeros para que una empresa se encargase de la seguridad del residencial.
La citada autorización obligó a que todos los residentes, sin excepción, tuviesen que afrontar el coste anual de 75.000 euros por el servicio de dos vigilantes, de 22 horas a 6 horas. Cada propietario tenía que pagar una cuota trimestral en función del tamaño de su propiedad (unos 165 euros de media), pero la Asociación de Propietarios El Llano y Las Pedreras se negaba a asumir este coste porque la contratación del servicio se hizo por un colectivo que no representaba a todos los residentes y la urbanización no reunía los requisitos de la ley de Seguridad Privada. Esto es, que sea un «polígono aislado y separado del núcleo urbano» y que el Ayuntamiento no se haga cargo de la prestación de servicios públicos.
El Ayuntamiento deberá hacerse cargo ahora de la vigilancia
De forma que esta asociación primero presentó escritos a la Delegación exigiendo que revisase la autorización, después acudió a los juzgados y finalmente al Ministerio del Interior. El Consejo de Estado da la razón a los demandantes al exponer que «en ningún momento consta que en el expediente de concesión de la autorización se acreditara la legitimación de la comunidad de propietarios Los Romeros». En primer lugar, porque la urbanización «no cuenta con una administración legítima y global que permita la adopción de decisiones comunes», y en segundo, porque el citado colectivo «se presenta» como entidad urbanística colaboradora y el Tribunal Superior de Justicia declaró su nulidad en febrero de 1998. «Los interesados carecían de los requisitos esenciales para obtener, mediante un acto administrativo expreso, el derecho a excluir del régimen general de seguridad pública la zona de Los Romeros», concluye la resolución.
Los vecinos reclamarán el dinero pagado desde 2009 por dos vigilantes
También da la razón a la asociación de El Llano y Las Pedreras al confirmar que el residencial no reúne los requisitos que marca la ley para disponer de vigilancia privada. «No es una urbanización aislada». Además el Consistorio presta el servicio de limpieza y recogida de basura. El Consejo de Estado recuerda que así lo corroboró la sentencia favorable a los vecinos, emitida por el Juzgado de lo Contencioso número 5 de Murcia, en la que se confirmaba que Los Romeros pertenecía al casco urbano e instaba a la Delegación a que revisase la autorización.
Llegados a este punto, el Consejo de Estado reprueba a la Delegación del Gobierno por su gestión de las quejas vecinales, que fueron despachadas con un escrito de «somera argumentación», y concluye que la autorización que concedió «en modo alguno es un acto indestructible como parecen entender quienes se oponen a la revisión». Y añade que es «un acto que tiene consecuencias reflejas, ya que limita la libre circulación de personas dentro de esa zona, ya sean los residentes en la urbanización, ya sea el resto de los vecinos de Las Torres».
Denuncia por coacciones
Y es que este servicio supuso la instalación de casetas de control y barreras en los viales de acceso a Los Romeros. Estas medidas depararon situaciones surrealistas, tal y como recoge la resolución, al subrayar que una vecina «fue detenida por los vigilantes» en el control de accesos y «obligada a identificarse para poder acceder a su propio domicilio». La mujer se negó a enseñarles el DNI y se coló aprovechando que la barrera se levantó para que un coche saliese del residencial. «Fue seguida por los vigilantes hasta su casa y amenazada». El suceso concluyó con una denuncia por coacciones en un juzgado.
Desde la Asociación El Llano y Las Pedreras avanzan que van a presentar una demanda contra la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Las Torres para depurar responsabilidades penales, civiles y económicas por autorizar el servicio de seguridad privada de Los Romeros. En este sentido, reclamarán las cuotas pagadas desde 2009. Algunos de los residentes han desembolsado 21.700 euros en estos años por el servicio de vigilancia y los pleitos que han emprendido. La denuncia la apoyarán en la resolución del Consejo de Estado. «Los impuestos se los pagamos al Ayuntamiento y la seguridad ciudadana tiene que prestarla la Policía Local».
