La Comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara ha reclamado regular a nivel europeo las compañías de seguridad privadas (CSP) y no utilizarlas en zonas de combate tras recordar que algunas de ellas han estado implicadas en violaciones de los Derechos Humanos, al tiempo que ha reclamado que la Comisión Europea elabore una lista de contratistas que "cumplen los estándares de la UE" y no tienen antecedentes penales y se priorice su contratación.
Más de 1,5 millones de contratistas de unas 40.000 empresas de seguridad privados fueron contratados en Europa en 2013 según las últimas cifras disponibles, que demuestran que sólo ese año las empresas de seguridad privadas ganaron en Europa 35.000 millones de euros. El sector generó 200.000 millones de dólares en 2016 a nivel mundial. En total, existen unas 100.000 empresas de seguridad privadas con 3,5 millones de empleados.
En el texto aprobado, los eurodiputados alertan de que el uso de contratistas de seguridad privados "continúa creciendo" y lamentan las "normas inconsistentes que varían enormemente entre Estados miembro" para regular el sector. "La legislación nacional no homogénea y la autoregulación adoptada por algunas CSP ofrecen un disuasorio débil para prevenir abusos debido a la falta de sanciones", avisan.
Así, los eurodiputados recuerdan que las compañías de seguridad privadas "han sido acusadas en un número de incidentes que han resultado en la pérdida de vidas y violaciones de Derechos Humanos", que "en algunos casos" han implicado "violaciones serias del Derecho Humanitario Internacional, incluidos crímenes de guerra" y piden que no se recurra a ellas en operaciones de combate o en zonas de conflicto "más allá de la defensa propia".
"Bajo ninguna circunstancia, el uso de las CSP puede ser un sustituto para el personal de las fuerzas armadas nacionales" que deben tener "recursos suficientes" para llevar a cabo sus tareas "plenamente", avisan en el texto, en el que dejan claro que "las operaciones y actividades subcontratadas a las CSP deben restringirse a prestar apoyo logístico y la protección de instalaciones" y no deben tener una participación "activa" en operaciones de combate "excepto para la defensa propia".
Así, dejan claro que se deben reforzar a las fuerzas armadas nacionales y las compañías de seguridad privadas "sólo pueden ser un complemento sin ninguna autoridad sobre las decisiones estratégicas" y "cualquier participación de compañías de seguridad privadas y militares en operaciones militares deben ser justificadas, con objetivo claramente definidos, que puedan ser verificados utilizando indicadores tangibles". Además, deben contar con un presupuesto detallado, una fecha de inicio y finalización y debe regirse por "un código ético estricto".
Los eurodiputados piden que la Comisión Europea desarrolle "un modelo normativo eficaz europeo" que ayude a "armonizar" las prácticas jurídicas entre los Estados miembro a través de una directiva y a fijar "elevados estándares" para los proveedores de seguridad privada que operan dentro de la UE o en el extranjero "incluidos niveles apropiados" para escrutar al personal de las compañías privadas.
Además, piden que se informe de sus "irregularidades e ilegalidades" cometidas y que sea posible que respondan por violaciones de Derechos Humanos que cometan en el extranjero.
En el texto, piden que la Comisión Europea "establezca una lista abierta de contratistas que cumplen con los estándares de la UE, como historiales penales limpios", poseen licencias y autorizaciones y "elevados estándares" para escrutar a su personal tras recordar que, estos estándares, varían "mucho" en los Estados miembro. La lista debe actualizarse como mucho cada dos años.
CONDICIONAR LOS CONTRATOS PUBLICOS
Además, defienden condicionar los contratos públicos a las empresas de seguridad privadas a que adopten "las mejores prácticas" de transparencia y el Código de Conducta internacional para los Proveedores de Seguridad Privada (ICoC, por sus siglas en inglés), al que sólo se han adscrito Suecia y Reino Unido de la UE. "La UE debe centrarse en garantizar que los Estados miembros se sumen como primer paso", reclaman.
Los eurodiputados piden que la Comisión y los Gobiernos europeos revisen y justifiquen la contratación de empresas de seguridad privadas para proteger sus delegaciones y personal en el exterior y apoyar a las operaciones de la UE y defienden que se favorezca a las empresas basadas en Europa, que cumplan las normas de la UE, incluido respecto al pago de impuestos.
Para ello, piden que la Comisión proponga directrices "comunes" para contratar a las empresas de seguridad privadas, con requisitos claros para que puedan optar a contratos de la UE y que tanto la Comisión como el Servicio Europeo de Acción Exterior utilice solo empresas adscritas al ICoC, como hace ya la ONU.
