Comunicado íntegro de Podemos:
Tras la última manifestación en Puerto del Rosario de los trabajadores miembros del sindicato FTSP-USO, que están “bajo amenaza de despido” por oponerse a las malas prácticas de empresas "piratas" de la seguridad privada, y que según sus palabras tienen como hábito "incumplir el Convenio Colectivo Nacional generando convenios de empresa propios, o defraudar a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social a través de argucias legales utilizando la reforma laboral”, Podemos Fuerteventura quiere volver a manifestar su apoyo al colectivo y advierte al presidente del Cabildo de que “vamos permanecer vigilantes ante la decisión a tomar con respecto a la prórroga del contrato de Marsegur, S.A. y de su proceder en cuanto a seguir permitiendo que empresas de este tipo sigan siendo adjudicatarias de contratos públicos del cabildo”, en palabras del consejero Andrés Briansó.
Y es que, según recuerda el consejero, “todas las evidencias, corroboradas por múltiples sentencias firmes a favor de los trabajadores por vulneración de sus derechos, ponen de relieve cuales son las consecuencias de contratar a esta clase de empresas, por el simple hecho de que presenten una oferta económicamente más ventajosa. Es evidente que es necesario incorporar cláusulas sociales a los concursos públicos, como ya ha hecho el Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena”, asegura.
Dentro de este tipo se empresas se encuentra Marsegur, S.A., última adjudicataria del contrato de seguridad de las instalaciones del Cabildo de Fuerteventura, cuyas continuas y patentes irregularidades para con sus trabajadores llevaron hace meses al cabildo majorero a iniciar proceso de rescisión de contrato si bien, como ha podido comprobar el grupo Podemos, este no se ha materializado y parece que ahora, al límite de tomar una decisión de prórroga del contrato a esta empresa por parte del presidente insular Marcial Morales (CC), este no mantiene una postura clara y decidida ante las evidentes agresiones contra los derechos de los trabajadores.
Cabe recordar que el diputado de Unidos Podemos Alberto Rodríguez, tras reunirse en enero con varios trabajadores afectados en Fuerteventura, también ha llevado el asunto al Congreso, donde Rodríguez ha realizado una batería de preguntas y solicitudes de información sobre los contratos públicos del Estado adjudicados a las llamadas empresas ‘pirata’ de seguridad, y en concreto, sobre el contrato del Ministerio de Defensa y del SEPE con la empresa Marsegur seguridad.
