Los ratios relativos a la seguridad van a comenzar a moverse, la idea es equipararlos a niveles europeos. En España hay 528 policías por cada 100.000 habitantes, mientras que la media europea es de 385, esto en cuanto a la seguridad pública. Ahora bien, en cuanto a la seguridad privada, los datos son al contrario hay 200 vigilantes por cada 100.000 habitantes en España, frente a los 271 que tiene de media Europa.
En breve tendremos una Ley de Seguridad Privada con la que se pretende, entre otras cosas, que ésta se subordine, complemente y se coordine con la seguridad pública, de manera que los datos se equiparen a la media europea, dando más competencias a los vigilantes.
No cabe duda de que nos encontramos con un sector en auge, y algunas comunidades autónomas tienen asumidas las competencias referentes a la Seguridad, por ejemplo, la Generalidad de Cataluña ha habilitado a unas 130 empresas. La seguridad privada es un sector que mueve al año más de 3000 millones de euros, y donde un 80 % de los contratos son de tipo indefinido, pero en el que también hay mucho intrusismo que la nueva Ley pretende erradicar.
Canarias tendría que comenzar a plantearse asumir las competencias en seguridad privada. Recordemos que ya en el año 2006 se intentó una reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, en la que el Gobierno de Canarias pretendía asumir competencias en seguridad privada.
El articulo era el 84, y decía así: “Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la ejecución de la legislación del Estado en las siguientes materias: a) La autorización de las empresas de seguridad privada que tengan su domicilio social en el Archipiélago y cuyo ámbito de actuación esté limitado a su territorio. b) La inspección y sanción de las actividades de seguridad privada que se realicen en el Archipiélago. c) La autorización de los centros de formación del personal de seguridad privada. d) La coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas con la policía autonómica y las policías locales. Muy similar es el de Cataluña, en el que se prevé que la Generalitat ejecute la autorización, inspección y sanción en seguridad privada.
La seguridad privada, como otras cuestiones, ha sido también motivo de conflicto entre la Generalidad de Cataluña, que ha promovido el conflicto positivo de competencia, y el Gobierno de la Nación. Ahora con la nueva ley ambos intentan llegar a un acuerdo en el que se respeten las competencias ya asumidas por la Generalidad e, incluso ver si pueden hacerse con alguna más, que como ya digo no es un tema desdeñable. La principal controversia en estas negociaciones versa sobre los detectives, pero la inspección, el control y la sanción de las actividades de seguridad privada que se realicen en Cataluña corresponden a la policía de la Generalidad- Mozos de Escuadra. Si bien en la actualidad se ha producido un descenso del sector, esta nueva ley viene a darle un nuevo impulso, que se traducirá en más puestos de trabajo. Caminamos hacia una seguridad privada más pública.
