El Ministerio Público les acusa de vejar, humillar y golpear a menores internos en 2004
13.06.2013 | 03:00
MIGUEL ÁNGEL AUTERO
La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife acusa a dos exdirectivos del centro para menores bajo medidas judiciales de Nivaria entre los años 2002 y 2004. Después de nueve años de instrucción de diligencias, se ha celebrado el juicio, que concluyó ayer, con la solicitud de 100 años de prisión por los delitos de torturas a 16 menores internos en dicho centro. Además, reclama que se indemnice con 10.000 euros para cada una de esas víctimas que habrían sufrido vejaciones, humillaciones y golpes.
Los imputados son Luis Enrique F. G., subdirector del centro cuando éste era gestionado por la Asociación Cicerón Siglo XXI, y Alfonso Alexis R. M., jefe de equipo y empleado de Seguridad Integral Canaria. En el caso del primero de ellos, la Fiscalía considera que cometió 18 delitos de torturas graves, por lo que solicita cuatro años de prisión por cada uno de los delitos, mientras que para el segundo de los acusados, presunto autor de 12 delitos de tortura, pide tres años de prisión por cada uno de ellos.
A lo largo de estos nueve años, desde que se abrió la investigación por las supuestas torturas a los menores, se han incorporado multitud de pruebas que se han recogido en 17 tomos o, lo que es lo mismo, más de 9.800 folios. A pesar de la abundancia de documentos aportados por la acusación pública y las cinco partes de la defensa, los imputados se han declarado inocentes de los hechos de los que se les acusa. Por ello, sus abogados han solicitado la libre absolución de todos los cargos.
Los tres magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife concluyeron ayer la vista oral después de que las partes leyeran sus informes y elevaran a definitivas sus conclusiones, por lo que la causa quedó vista para sentencia.
La Fiscalía sostiene que la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias suscribió un convenio con la Asociación Cicerón Siglo XXI para la ejecución de las medidas de internamiento en régimen cerrado para menores en el centro Nivaria suscrito en diciembre de 2001 y se acordó delegar a Seguridad Integral Canarias el servicio de vigilancia del citado centro de menores.
Los hechos que se han traído a esta causa ocurrieron supuestamente entre 2002 y 2004 teniendo como víctimas a 16 menores, algunos de ellos españoles, pero la mayoría de origen magrebí.
Según el testimonio de los denunciantes, quienes se han sentado en el banquillo les obligaban "nada más entrar en el centro" a "desnudarse y a hacer sentadillas o flexiones". Alegaron que les obligaban a estas prácticas para "amedrentarlos y para que supieran quién mandaba en el centro". Asimismo, señalaron que una vez que estaban cumpliendo la medida judicial impuesta, y por "cualquier motivo", algunos de los menores eran agredidos por ambos acusados, quienes se valían de guantes de goma para golpearlos.
Más de una treintena de testigos, entre menores, familiares de éstos y otros trabajadores fueron llamados para declarar en esta causa. Entre ellos, un menor que fue ingresado por un delito de asesinato y que mantenía una relación sentimental con una de las enfermeras que atendía las incidencias sanitarias en Nivaria. Aunque no se juzgaba esta relación, sirvió al Ministerio Fiscal para ahondar en lo que considera un descontrol en la gestión por parte de los responsables del centro. La muerte en extrañas circunstancias del menor Philipp García Zoch, el 12 de noviembre de 2004, cuando estaba en el módulo de aislamiento de este centro, y por la que fueron condenados el año pasado tres responsables de Nivaria, también fue llevada a la vista, como un elemento más para ilustrar las presuntas vejaciones y malos tratos que se infligían a los menores.
