La creación de la CNMC supondrá un ahorro de 28 millones
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha denunciado que el anteproyecto de ley de la seguridad privada recoge algunas "restricciones a la competencia", que actúan en forma de barreras de entrada al sector. A pesar de evaluar "favorablemente" la mayoría de los cambios que introduce el nuevo texto, exige que se justifique la persistencia de restricciones.
Entre los principales defectos citados en el informe de valoración del anteproyecto de la ley que regulará la actividad del sector están la reserva de la actividad existente a favor de los operadores del sector y el sometimiento de las empresas a un régimen de autorización previa para la prestación de la mayor parte de las actividades.
Del mismo modo, precisa que también se incluyen "otras cargas administrativas" que, a pesar de no ser tan perjudiciales como las dos anteriores, "suponen posibles alteraciones en la libre prestación de estos servicios".
La CNC reconoce que puede entenderse que estas barreras sean consecuencia de "la voluntad de proteger determinados intereses generales", como la seguridad pública o los derechos fundamentales. Aún así reitera la "necesidad" de justificar las restricciones.
Pese a todo, la Comisión indica que buena parte de los cambios que introduce la nueva ley deben ser acogidos "favorablemente" desde el punto de vista de la competencia. Para la CNC, "buenos" ejemplos de estas mejoras son la ampliación de las vías de acceso a la profesión o la delimitación de las actividades que configuran el núcleo duro de las actividades propias de la seguridad privada.
En 2011, según los últimos datos disponibles, el sector facturó 3.600 millones de euros y sus 1.500 empresas emplearon a casi 90.000 personas. Sin embargo, con 200 vigilantes privados por cada 100.000 habitantes, en España hay 71 menos que la media de la Unión Europea
