El Gobierno apuesta por la seguridad privada, dice que la Policía no tiene los medios suficiente y debe de reforzar con vigilantes. La Policía pierde unos 2.000 agentes al año por jubilación pero sólo se convocan 140 plazas nuevas para 2013. En España hay más vigilantes de seguridad que Policías y Guardias Civiles juntos.
Carlos y Javi cada vez ven más lejos conseguir su sueño de ser policias. Una profesión que hace años parecía una apuesta segura. "Siempre me ha gustado pero es verdad que también buscaba la seguridad y la estabilidad", afirma Carlos Portero, opositor para Policía.
Trás años de estudios empiezan a perder la esperanza. Javier Belda, también opositor para Policía, dice sobre la situación del sector que "entre las plazas y la gente está difícil, poco a poco te vas desanimando más".
Este año sólo están previstas 140 plazas. "La verdad es que sale más rentable dejar de estudiar porque si van a coger a vigilantes, la policía casi no va a existir", asegura Javier.
El Gobierno pretende suplir esta carencia con la nueva ley de seguridad privada. Manuel Dávila, abogado del Sindicato Independiente de Vigilantes, reconoce que con ella se amplian competencias en cosas que antes hacía la policía, "como por ejemplo la vigilancia en centros penitenciarios".
La policía lo tiene claro. José María Benito, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), defiende que "es una mala ley, lo que hace el Gobierno es apostar por la privada en detrimento de la seguridad pública."
La nueva ley también propone que calles comerciales peatonales como la calle Preciados de Madrid pueda ser controlada por vigilantes de seguridad y no por policías como se venía haciendo hasta ahora.
El anteproyecto de ley propone estrechar el cerco de colabración entre ambos. "Nuestra labor es prevenir, al final tenemos que llamar a la policía", dice el vigilante de seguridad Ricardo Valverde. Aunque el SUP no lo ve así: "Nos obliga a trabajar a nosotros para ellos".
Con esta nueva ley, España perderá 20.000 agentes de seguridad públicos en los próximos cinco años.
El Gobierno apuesta por la seguridad privada, dice que la Policía no tiene los medios suficiente y debe de reforzar con vigilantes. La Policía pierde unos 2.000 agentes al año por jubilación pero sólo se convocan 140 plazas nuevas para 2013. En España hay más vigilantes de seguridad que Policías y Guardias Civiles juntos.
Carlos y Javi cada vez ven más lejos conseguir su sueño de ser policias. Una profesión que hace años parecía una apuesta segura. "Siempre me ha gustado pero es verdad que también buscaba la seguridad y la estabilidad", afirma Carlos Portero, opositor para Policía.
Trás años de estudios empiezan a perder la esperanza. Javier Belda, también opositor para Policía, dice sobre la situación del sector que "entre las plazas y la gente está difícil, poco a poco te vas desanimando más".
Este año sólo están previstas 140 plazas. "La verdad es que sale más rentable dejar de estudiar porque si van a coger a vigilantes, la policía casi no va a existir", asegura Javier.
El Gobierno pretende suplir esta carencia con la nueva ley de seguridad privada. Manuel Dávila, abogado del Sindicato Independiente de Vigilantes, reconoce que con ella se amplian competencias en cosas que antes hacía la policía, "como por ejemplo la vigilancia en centros penitenciarios".
La policía lo tiene claro. José María Benito, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), defiende que "es una mala ley, lo que hace el Gobierno es apostar por la privada en detrimento de la seguridad pública."
La nueva ley también propone que calles comerciales peatonales como la calle Preciados de Madrid pueda ser controlada por vigilantes de seguridad y no por policías como se venía haciendo hasta ahora.
El anteproyecto de ley propone estrechar el cerco de colabración entre ambos. "Nuestra labor es prevenir, al final tenemos que llamar a la policía", dice el vigilante de seguridad Ricardo Valverde. Aunque el SUP no lo ve así: "Nos obliga a trabajar a nosotros para ellos".
Con esta nueva ley, España perderá 20.000 agentes de seguridad públicos en los próximos cinco años.
