19 de junio de 2013

Metro de Madrid impone clausulas “mordazas” para silenciar los recortes en seguridad

Uno de los principios rectores en los que se fundamenta una sociedad democrática reside en la libertad de expresión, un derecho fundamental reconocido no solamente en nuestra Constitución sino también en los diferentes convenios firmados internacionalmente por nuestro país como por el ejemplo el Europeo de Derechos Humanos, donde se protege y ampara la independencia de cualquier ciudadano para transmitir información veraz, de interés público, por cualquier medio sin ningún tipo de restricción ni represalia.

Pues bien parece ser que los dirigentes de Metro Madrid deben de no compartir este tipo de cuestiones para el funcionamiento de este servicio público, cuando quieren imponer a las empresas concesionarias de la seguridad privada de sus instalaciones una especie de ley “mordaza” o del “silencio”. Así en el pliego de condiciones, dentro del proceso de licitación, que esta Institución impone a las futuras compañías se indica textualmente que:
“Si el incumplimiento de los procedimientos establecidos negligencia en cumplimiento del servicio o una política de RR HH de la empresa contraria a la imagen de Metro que redundará en cualquier acto de protesta multitudinaria por parte de los trabajadores de esa Empresa en Metro o contra Metro, será sancionada con 1.000 € la primera vez, el doble la segunda y el doble de la segunda la tercera.
A partir de la tercera vez, durante toda la vigencia del contrato, por esta causa, Metro podrá rescindir con un preaviso de un mes el contrato a la Empresa concesionaria.
Si como consecuencia de lo anterior se ocasionara la difusión de información en medios de comunicación, que diera una imagen objetivamente negativa o pudiera dañar en cualquier aspecto, la imagen de METRO o poner en cuestión los procedimientos de trabajo o los niveles de calidad o de servicio de METRO, se aplicará la siguiente tabla…”
A partir de aquí aparecen dos tablas en donde se detallan las penalizaciones mensuales, en función a la difusión de esas noticias en agencias de ámbito nacional, emisoras de radio o periódicos y del número de veces al día que se repitan las mismas; las multas aumentarán, según se indica, aplicando esas variables.
No termino de entender, por más vueltas que le doy, cual es el objetivo de esta medida. Si se pretende proteger así la imagen de Metro, sobre todo cuando hay que convencer a una Comisión internacional sobre los beneficios de este servicio público, que tiene la capacidad y calidad necesaria para trasportar de manera solvente a un flujo importante de personas en caso de la celebración de un evento deportivo de máxima exigencia,  así desde luego no se consigue.
Es más, con este tipo de cosas la imagen que se proyecta precisamente no es muy positiva, pero no sólo de la Institución en sí, sino también de sus gobernantes y de la ciudad a la que representan. Las valoraciones no sólo se basan en criterios de funcionamiento y eficiencia, sino también en los medios empleados para conseguir unos objetivos; si éstos son éticos, morales y responden a las exigencias de una sociedad democrática.
Lo que hacen los dirigentes de Metro, salvando las distancias y reconociendo que toda comparación es odiosa, es como si alabáramos la competitividad productiva de ciertos países asiáticos en lugar de reconocer que la misma se consigue gracias a la explotación infantil, (véase el caso de Bangladesh), o en el caso Urdangarín nos felicitáramos del patrimonio conseguido por esta persona en tan poco tiempo, obviando claro está cuales han sido los métodos empleados para su consecución.
No obstante, quizá esto sea sólo una cortina de humo para esconder la verdadera realidad, la rebaja presupuestaria en seguridad, que va incidir directamente en el usuario de ese servicio público. De 55 millones de euros se pasan a 48, por lo que el recorte de horas es monstruoso, y suprimiendo en su mayor parte el puesto de Vigilante Fijo de Estación, como señalan ya varios sindicatos profesionales. Ese es el verdadero problema, ya que la desaparición de efectivos de seguridad privada puede suponer un amento en el número hechos delictivos producidos en el suburbano madrileño.
Eso si da mala imagen, y los verdaderos responsables no serán los trabajadores que denuncien este tipo de cosas, que por cierto estarán en su derecho porque una de sus obligaciones es precisamente denunciar las carencias en seguridad en su puesto de trabajo, sino los gerentes de Metro y de forma subsidiaria el Consejero del ramo y el presidente de la Comunidad de Madrid.
Pero aquí también la responsabilidad recae en la empresas concesionarias, que ante este tipo de hechos que chocan directamente con las libertades fundamentales, en lugar de de denunciarlo se callan y siguen el juego. La pela es la pela… o en este caso el céntimo es el céntimo… y les da igual las condiciones en las que tienen que asumir el servicio; cómo los que van a lidiar con la situación son los vigilantes, les da igual…hay muchos y cobardes, ni se unen, ni denuncian nada, sólo silencio y humillación.
Conviene recordar un hecho histórico, en la Alemania nazi fueron responsables de la situación de los judíos no sólo los acólitos de Hitler, sino todos aquellos ciudadanos que sin saber la realidad sospechaban que algo estaba ocurriendo y no dijeron nada, ellos fueron tan cómplices de la matanza como sus autores. Con este ejemplo no quiero calificar a nadie de genocida ni de fascista, simplemente que con su mutismo serán también responsables de una situación injusta y peligrosa, nos sólo para sus trabajadores sino para el resto de la ciudadanía.
Seguridadsemanal.com