Este viernes, previsiblemente, el Consejo de Ministros presentará el Proyecto de Ley de Seguridad Privada, que según han informado fuentes oficiales a Europa Press, no presentará grandes variaciones respecto al anteproyecto elaborado en abril.
Parece que tras varias semanas de consultas a diferentes profesionales e instituciones del sector de la Seguridad Privada, se aprobará la nueva ley que sustituirá a la anterior, que data de 1992.
La nueva ley endurece el control sobre el trabajo de las agencias de detectives privados, tras los casos de espionaje que han salido a la luz en Cataluña, y que han afectado a diversos miembros del Ejecutivo autonómico.
El pasado mes de abril, en comparecencia tras el Consejo de Ministros, el Ministro del Interior ya anunció algunos de los puntos que incluye esta nueva ley y que suponen ese mayor control sobre el trabajo de los detectives privados. Uno de estos punto obliga a las agencias de detectives a que tendrán que hacer informes de cada una de sus investigaciones que en todo momento tendrán que estar disponibles para la autoridad judicial y fuerzas y cuerpos de seguridad. En el expediente de cada caso, que deberá estar permanentemente actualizado, tendrán que incluir un contrato escrito, así como el mencionado informe donde se detallarán el encargo, los medios utilizados, los detectives intervinientes y los resultados obtenidos
Además, las empresas tendrán que presentar una memoria anual de actividades al Ministerio del Interior, memoria que “no podrá contener datos de carácter personal sobre contratantes o investigados”.
En un principio la nueva ley protegerá en mayor medida el derecho a la intimidad, ya que especifica la prohibición de usar servicios materiales o técnicos “que atenten contra el derecho a la intimidad, la imagen o el secreto de las comunicaciones”.
Los detectives privados, en desacuerdo
Según ha publicado el diario El País, las asociaciones profesionales que representan al colectivo de detectives privados ya han manifestado su disconformidad con gran parte de lo que recoge esta ley y que les afecta directamente.
Se quejan ante lo que consideran un “control excesivo”, y una reacción al espionaje sufrido por miembros del PP catalán (como Alicia Sánchez-Camacho), no una respuesta a una verdadera necesidad de reforma de la legislación que les atañe.
