Los trabajadores de seguridad de la empresa Mar Segur denuncian la vulneración de derechos que sufren los trabajadores de seguridad del Cabildo majorero, del Parque Tecnológico y del Palacio de Congresos, ya que se les están retribuyendo sus trabajos muy por debajo del convenio laboral de ámbito estatal. A ese respecto, los trabajadores afirman que si bien la empresa puede acreditar el encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias, “esto no supone que lo cumpla. Lo cierto es que es sobradamente conocido que la empresa paga parte de sus salarios en dinero ‘B’ o mediante otros conceptos, evitando el pago de esta cotización y también de los correspondientes impuestos”, dice Fernando Macario.
Fernando Macario, del sindicato USO, ha denunciado la vulneración de los derechos y los continuos recortes de los trabajadores de seguridad que prestan servicios en organismos públicos, “las instituciones no han hecho seguimiento de los contratos”, denuncia. Macario advierte sobre el crecimiento paulatino de ‘empresas piratas’ en el sector de la Seguridad, “el ejemplo más famoso es Seguridad Integral Canarias que ha llegado al punto de abrir dos empresas low cost que son Mar Segur y Sinercia Vigilancias Seguridad que dependiendo de quien te contrate te quitan hasta 500 euros al mes con respecto. Solo en Fuerteventura tenemos 9 empresas piratas que se lucran con las nóminas de los trabajadores”, sentenció el Delegado Sindical.
Los representantes sindicales se han reunido con varios representantes públicos animándoles a realizar un seguimiento del contrato para comprobar las irregularidades que se vienen produciendo desde la firma del contrato en la sede del Cabildo, el Parque Tecnológico y la Estación de Guaguas, “nadie hace nada, somos 480 trabajadores afectados, de los que 200 trabajamos para organismos públicos”.
El pasado 19 de julio, el presidente del Cabildo, Marcial Morales, solicitó al Consejo Consultivo que interpretara el artículo 07 del pliego de condiciones técnicas en relación al articulo 19 Convenio colectivo estatal de empresas de seguridad. La contestación exige que la empresa Mar Segur Seguridad Privada proteja la norma de los derechos de los trabajadores “el Consejo Consultivo insiste en la responsabilidad de los organismos que contratan”. El Cabildo de Fuerteventura, según ha comunicado a Onda Fuerteventura, ha mantenido varias encuentros con la empresa para mediar y resolver esta situación, el presidente Marcial Morales, asegura que la institución rescindirá el contrato porque el Consejo Consultivo ha dado la razón a los trabajadores habiendo demostrado que están cometiendo una ilegalidad, “o paga la cantidad que debe a los trabajadores o se rescindirá el contrato definitivamente”.
Otro de los afectados, Fernando González Silva, ha denunciado en los micrófonos de El Magacín los expedientes denunciados por acoso, “Hay dos procedimientos abiertos por vía penal con trabajadores que han recibido coacciones, amenazas contra un Director de Seguridad de Atlantis Segur y el jefe de Personal”. El trabajador Gerardo Yañez trabaja en el Palacio de Formación y Congresos desde octubre del 2013, “las irregularidades son constantes desde el primer mes, la última empresa que ha sido subrogada nos quita 500 euros mensuales de nuestra nómina, con total impunidad”. Los trabajadores denuncian que “la empresa paga parte de sus salarios en B”.
La formación política Podemos Fuerteventura, a través de su consejera consejera Odaya Quintana, ha registrado una pregunta para conocer en el próximo pleno qué valoración hace el Gobierno insular de estas condiciones de precariedad laboral, qué mecanismos de inspección y control aplica el Cabildo y qué medidas va a poner en marcha para subsanar esta vulneración de derechos.
Información y Contexto
El secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO), Antonio Duarte, pidió al director general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Alejandro Parres, la nulidad del contrato del servicio de vigilancia que ejecuta en las islas la empresa Seguridad Integral Canaria y que proceda a su rescisión. Esta nueva denuncia sindical se acumuló a otras sobre las supuestas infracciones en las que habría incurrido esta empresa perteneciente al Grupo Ralons, cuyo mayor accionista es Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente, además, del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas. Los trabajadores en Fuerteventura han denunciado que Atlantis Segur “incluso pagaba por debajo de su propio convenio, lo cual es aún más sangrante”.
Por esos hechos, Miguel Ángel Ramírez estaría imputado por un “presunto delito fiscal” en el Procedimiento Penal que se sigue en el Juzgado Nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria. También en el Juzgado de Primera Instancia nº3 de Granadilla en Santa Cruz de Tenerife, por falsedad documental, fraude, exacciones ilegales y malversación de caudales públicos.
