La empresa ejerce su derecho a réplica sobre un comunicado remitido por el sindicato USO
La empresa Alcor Seguridad S.L., en el ejercicio de su derecho de rectificación, sale al paso de una información publicada el pasado 26 de junio por Faro sobre la "Controversia por la contratación de una empresa para la seguridad de las fiestas". Según Alcor, se trata de "una empresa inscrita en el Registro Oficial de Licitadoras y Empresas clasificadas del estado (ROLECE). Conforme al artículo 83 del TRLCSP, dicha clasificación acredita entre otras: las condiciones de aptitud en cuanto a su capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, así como la concurrencia o no de prohibiciones de contratar".
Destaca que "está al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, requisito imprescindible para gozar de la clasificación en ROLECE".
Ámbito nacional
También explica que Alcor Seguridad S.L "es una entidad de ámbito nacional con convenio colectivo propio, publicado en el B.O.E, y firmado el 2 de julio de 2013, de una parte por los representantes de la empresa, y de otra, por los comités de empresa, delegados de personal y sindicatos USO Y UGT en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3 del Estatuto de los Trabajadores. Curiosamente ese mismo sindicato USO que participó en la firma del convenio de Alcor, es el ahora denunciante del convenio que en su día suscribió".
Aclara que el convenio colectivo de la mercantil, "está avalado por la sentencia del Tribunal Supremo nº 779/2016 de fecha 27/09/2016, sobre recurso de casación social contra la sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 22/04/2014, interpuesta por los mismos sindicatos ahora denunciantes. Ambas sentencias de 2ª y 3ª instancia ratifican la validez del convenio de Alcor Seguridad".
Y agrega: "La animadversión contra la empresa que represento, es más una guerra interna del sindicato USO con Alcor Seguridad, que va más allá de las "buenas prácticas sindicales", y tuvo su principal caldo de cultivo en la querella interpuesta por la mercantil Alcor contra FTSP-USO, el ex secretario general de USO, Antonio Duarte, y el ex secretario Estatal de Organización y Finanzas, Juan Carlos Reyes, sobre un delito de falsificación documental, que fue admitida por auto de fecha 19 de febrero de 2016 por el Juzgado de Instrucción nº8 de Madrid, incoándose las oportunas Diligencias Previas de Procedimiento Abreviado Nº5009/2015. Esta querella causó el cese como secretario general de Don Antonio Duarte".
Por último, Alcor indica en su escrito: "El sindicato USO no está en condiciones de denunciar las "malas prácticas" a nadie, cuando está envuelto en la trama delictiva "Operación ZETA" sobre falsos cursos de formación para desempleados; en relación con varios delitos sobre fraude de subvenciones, estafa y malversación de caudales públicos, además de otros delitos conexos como falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales. Dicha causa se instruye en el Juzgado nº6 de A Coruña, y dio lugar a la disolución de la gestora en Galicia. Según el atestado del Grupo de Delincuencia Financiera y Fiscal de la Brigada Provincial de la Policía Judicial en A Coruña, el Sindicato USO Galicia fue receptor de cuanto menos 1.180.000 euros en subvenciones de la Xunta de Galicia entre los años 2017-2012".
