a portavoz adjunta de Defensa del PSOE en el Congreso, Miriam Alconchel, y el portavoz adjunto en el Senado, Francisco Menacho, han acordado, tras una reunión con representantes sindicales de los vigilantes de seguridad de los edificios del Ministerio de Defensa en la provincia, que elevarán iniciativas a las Cortes Generales para "presionar al Gobierno" y plantear la rescisión de los contratos a las empresas de seguridad que incumplan la Ley.
En una nota, Menacho ha considerado "una barbaridad y una vergüenza que el Gobierno permita contrataciones en edificios públicos a unas empresas que incumplen todo tipo de convenio y legislación, vulnerando sus derechos y repercutiendo en la calidad del servicio que prestan".
"Con una alerta de seguridad nivel cuatro y manejando armas, la función que desarrollan merece se tengan en cuenta sus reivindicaciones, pues no se les puede mandar a la indigencia laboral como pretende la nueva empresa subrogada con el recorte de un 40 por ciento de una nómina ya mileurista", ha añadido.
Además, el senador socialista ha lamentado que "el Gobierno día a día esté poniendo la lupa en las administraciones locales en las contrataciones que hace, y ahora haga la vista gorda con estas empresas que están incumpliendo la legislación y cuyo caso está en manos de los tribunales".
Así, ha anunciado que el jueves registrará una pregunta en el Senado a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ya que es un tema que afecta no solo al Ministerio de Defensa sino también a otros ministerios como el de Empleo, según vienen denunciando los sindicatos.
Menacho ha informado que le pedirá a la vicepresidenta una valoración de las sentencias que existen declarando contrario a Ley el convenio que pretenden aplicar y si piensan hacer algo. Del mismo modo, le preguntará si tiene constancia de que estas empresas "tengan relación con personas que han formado parte del Gobierno de Rajoy y si esos contratos guardan algún tipo de vinculación con esta circunstancia".
El PSOE ha recordado que "compañías de vigilancia 'low cost' están logrando los concursos públicos en distintos organismos a través de un entramado empresarial en el que figura el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, apodado 'El rey de la Seguridad'".
"Ramírez, amigo del ex ministro José Manual Soria y que ya fue indultado por el Gobierno, está siendo investigado nuevamente en un juzgado de Las Palmas por fraude fiscal de nueve millones a Hacienda y de once millones a la Seguridad Social desde la empresa Seguridad Integral Canaria, concesionaria de los servicios de vigilancia en centros de Defensa como los de Cádiz y de dependencias de Empleo, entre otros, las sedes de la Tesorería de la Seguridad Social",
ha añadido el PSOE.
Por ello, Alconchel ha insistido en que "vamos a exigir informes donde nos expliquen si son conocedores de que hay ya pronunciamientos judiciales sobre este convenio de empresa contrario a derecho, si son conocedores de que no pagan a Hacienda y Seguridad Social incumpliendo con la administración pública, y vamos a pedir informes sobre la viabilidad de la empresa".
Igualmente, ha anunciado que an a pedir "ese estudio del expediente en la Mesa de Contratación y vamos a pedir la comparecencia del Gobierno para que nos expliquen por qué permiten todo esto".
A juicio de la diputada socialista, "hay gato encerrado en estas empresas que licitan con un precio muy por debajo de lo razonable, sin garantizar una buena prestación y el respeto a los trabajadores y que al final no están cumpliendo los fines para los que se le adjudicó el servicio".
