CRECIENTE PRECARIEDAD LABORAL EN EL SECTOR
En solo un mes, los vigilantes que custodian las instalaciones del Ministerio de Defensa han perdido la mitad de su sueldo, con el nuevo convenio de empresa de Marsegur.
El Ministerio de Defensa adjudicó el 1 de mayo de 2017 la seguridad de todas sus instalaciones a nivel nacional a la empresa Marsegur, una de las empresas llamadas “piratas” y “Low cost” que ganó el concurso de adjudicación al presentar la oferta más barata para más de 570 vigilantes y 145 centros de Defensa.
La empresa Marsegur pertenece a la nueva patronal de seguridad (ACOSEPRI) independiente de la patronal de seguridad privada nacional (APROSER). Su dueño es el polémico empresario canario Miguel Ángel Ramirez, vinculado al PP y en particular al exministro José Manuel Soria.
Los vigilantes se manifestaron la semana pasada en Madrid para exigir unas condiciones laborales dignas. En solo un mes han perdido la mitad de su sueldo en virtud del convenio de empresa impuesto por Marsegur, que reduce los salarios entre un 40% y un 60%. Esta empresa aplica un convenio a sus trabajadores que reduce su salario entre un 40% y un 60%. De un salario bruto de 1520€ con pagas prorrateadas, sin pluses de antigüedad, nocturnidad, festivos ni descuentos de IRPF y SS, pasa con Marsegur a 882,33€ brutos.
El convenio, impugnado por los sindicatos y por la propia patronal APROSER, fue declarado nulo de pleno derecho por el Tribunal Supremo en sentencia firme del pasado 9 de mayo, asestando así un nuevo varapalo judicial a Miguel Ángel Ramirez que ya sufrió otros reveses en los tribunales cuando la Audiencia Nacional declaró en fraude de ley otros dos convenios de esta misma empresa.
Según informa en una nota el sindicato USO Miguel Ángel Ramírez no ha dejado de beneficiarse de la concesión de contratos por parte de las Administraciones públicas, a lo largo de todo el Estado pese a acumular un largo historial de sobre explotación de sus trabajadores, irregularidades y vulneración de derechos laborales, que han sido denunciados por los sindicatos al menos desde el año 2006.
Entre todos ellos figuran las alarmas y seguridad de todas las instalaciones del Ministerio de Defensa, con un contrato de 32 millones de euros; el Metro de Madrid, 71 millones; o la mayoría de los emplazamientos que forman parte de los Reales Sitios de España.
Actualmente, Ramírez se encuentra imputado por un presunto fraude multimillonario a Hacienda y a la Seguridad Social. Según un informe de la Inspección de Trabajo, las cantidades evadidas entre 2008 y 2012 ascenderían a casi 21 millones de euros. 12 millones a la Seguridad Social y 9 a Hacienda.
Paradójicamente, Seguridad Integral Canaria custodia también la propia Tesorería General de la Seguridad Social, a la que, presuntamente, estaría defraudado millones de euros, los juzgados de Las Palmas a los que acude con cierta asiduidad Miguel Ángel Ramírez, y otros edificios oficiales.
