El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha recordado que esta situación deriva de la reforma laboral aprobada por el Partido Popular en 2012, que permite a las empresas aplicar sus propios convenios en lugar del convenio estatal, lo que “ampara, permite y facilita esa clase de pirateo”
El Gobierno regional ha autorizado la resolución del contrato de vigilancia y seguridad de los edificios del Gobierno regional con la UTE ‘Sinergias de Vigilancia y Seguridad S.A.’ y ‘Cyrasa Seguridad S.L’ para garantizar las condiciones laborales y retributivas de los trabajadores que prestan este importante servicio en las dependencias de la Junta de Comunidades en Toledo, Guadalajara y Ciudad Real, cumpliendo así el compromiso adquirido con ellos, tanto en privado como en público, y en sede parlamentaria.
Tal y como ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, hoy mismo el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, tras recibir la autorización este martes del Consejo de Gobierno, ha firmado la resolución del contrato, tras comprobar “de la mano de los trabajadores”, que una vez abonada la primera nómina, la empresa no estaba respetando el convenio estatal de referencia en el sector “ocasionándoles una importante reducción en sus salarios”.
Tras remarcar que los pliegos elaborados por el Gobierno regional para adjudicar este contrato no tenían ninguna deficiencia y que el importe respetaba el convenio colectivo estatal en esta materia, Hernando ha recordado que esta situación deriva de la reforma laboral aprobada por el Partido Popular en 2012, que permite a las empresas aplicar sus propios convenios en lugar del convenio estatal, lo que “ampara, permite y facilita esa clase de pirateo” al fijar sueldos “muy por debajo del convenio colectivo del sector”.
Asimismo, ha precisado que la resolución del contrato con la mencionada UTE cuenta con un informe favorable del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y viene avalada además por una sentencia de la Audiencia Nacional del pasado 10 de junio que anulaba el convenio de la empresa ‘Sinergias y Seguridad’ por pagar sueldos en el límite del Salario Mínimo Interprofesional y conculcar la legalidad vigente en materia de capacidad y legitimación para negociar.
En este sentido, Nacho Hernando ha subrayado que el Ejecutivo autonómico ha mantenido diversas reuniones con los sindicatos para informarles en todo momento de esta situación y ha recordado que esta problemática no sólo afectaba a Castilla-La Mancha, sino también a otras administraciones del ámbito estatal, autonómico o local, como los ministerios de Empleo y Defensa, los gobiernos de la Comunidad de Madrid y Canarias o los ayuntamientos de Madrid y Barcelona.
De igual modo, ha enfatizado el compromiso del Gobierno del presidente Emiliano García-Page con el empleo digno y de calidad, “no sólo de los empleados públicos”, sino también de las empresas que prestan servicios a la Junta de Comunidades, tal y como recoge el III Acuerdo por la Estabilidad en el Empleo, rubricado la semana pasada, “un escudo de garantías laborales con el que avanzamos hacia una contratación socialmente responsable” también en las empresas que prestan servicios a la Administración regional.
Desde el Gobierno regional ya se ha contactado con las empresas que quedaron en segundo lugar en el concurso. En los lotes de Toledo y Guadalajara se hará cargo del servicio la empresa que quedó en segunda posición, mientras que en Ciudad Real lo hará la que quedó en tercer lugar, al haber renunciado la segunda. Las empresas que comenzarán a prestar el servicio se han comprometido a respetar el convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad, al estar así expresamente contemplado en el pliego.
Hernando ha señalado que se espera que las nuevas empresas comiencen a prestar el servicio desde el 1 de agosto para que la situación de merma retributiva de los vigilantes de seguridad acabe lo antes posible, al tiempo que ha lamentado que el Gobierno de España haya recurrido las cláusulas sociales aprobadas por el Ejecutivo regional para “apuntalar los derechos de los trabajadores frente al asedio de los recortes en materia de derechos laborales llevado a cabo durante la anterior legislatura del Partido Popular”.
