Madrid, 6 may (EFE).- Los detectives han acusado hoy al Gobierno de favorecer a las empresas de seguridad privada y aceptar su "presión" para que en la nueva ley que prepara el Ministerio del Interior las compañías del sector puedan ejercer labores de investigación hasta ahora reservadas a los despachos de detectives.
Un reproche que ha expresado hoy, en rueda de prensa, el presidente de la Sociedad Española para el Desarrollo y Difusión de la Investigación Privada (Seddip), Eduardo Navasquillo, quien también ha atribuido a la presión de los "políticos" que Interior quiera establecer más controles a la actividad de los detectives.
En su opinión, el hecho de que hayan salido a la luz informaciones sobre seguimientos a cargos públicos ha empujado al ministerio a introducir un mayor control, si bien Navasquillo ha dejado claro que esas pesquisas se han realizado siempre y que los propios políticos encargan a los detectives investigaciones de sus rivales.
Según ha recordado Navasquillo, de aprobarse en su redacción actual el anteproyecto de la nueva Ley de Seguridad Privada, que sustituirá a la actual normativa de 1992, las empresas privadas podrán hacer investigación, lo que supondrá el "cierre" de muchos despachos de detectives que no podrán competir con las compañías.
Navasquillo ha reprochado a Interior legislar "en caliente" y agilizar el anteproyecto después de la "operación Pitiusa", en la que están implicados detectives por la venta de informes, o el supuesto caso de espionaje de Método 3 a políticos catalanes.
Ambos casos, ha dicho el presidente de Seddip, han perjudicado al colectivo de detectives, ya de por sí bastante afectado por la crisis económica, por el intrusismo de "policías y guardias civiles" o por el trabajo sin darse de alta en la Seguridad Social de algunos de estos profesionales.
Con la nueva ley la situación empeorará, toda vez que, además, se les requerirá un aval económico para su actividad del que no podrán disponer y tendrán que competir en desigualdad de condiciones con las empresas, en opinión de Navasquillo.
En este sentido, ha explicado que el hecho de que las empresas puedan realizar investigaciones les permitirá hacerse con espacios hasta ahora reservados a los detectives, como grandes hoteles, centros comerciales, instituciones feriales y, en el futuro, con complejos de ocio como Eurovegas.
Pero el anteproyecto, ha señalado Navasquillo, establece también un mayor control de sus investigaciones y, así, tendrán que dar cuenta al ministerio de los encargos que reciben, los medios que emplean y los resultados obtenidos.
Además, deberán destruir los sonidos e imágenes grabados durante sus vigilancias un año después de la finalización de su informe.
Los detectives no están de acuerdo con esas medidas, creen que ya están suficientemente controlados con las inspecciones de la Policía y los libros de registro obligatorios y aseguran que entregar datos privados a la Administración "invade" la intimidad.
Como ejemplo, Navasquillo ha citado un encargo que suelen recibir a menudo los detectives por parte de muchos padres, que es la vigilancia de un menor para comprobar si consume drogas, las compañías que frecuenta u otros detalles de su vida.
"¿Por qué hay que remitir esos datos de carácter privado al Ministerio del Interior?", se ha preguntado este detective, quien también ha criticado la pretensión del Gobierno de que las grabaciones se destruyan en un año, ya que, a su juicio, son pruebas que, dada la "lentitud" de la Justicia en España, pueden ser valiosas para un proceso.
Los representantes de la Seddip ya han contactado con algunos grupos políticos para presentar sus propuestas a la nueva ley, entre ellas que los detectives tengan una regulación propia.
Fuente: elconfidencial.com
