La Unión de Guardias Civiles se suma a las críticas anteriores.
Dos agentes por turno de la empresa de seguridad privada concertada con el Ministerio del Interior comenzaron ayer sus tareas de vigilancia en el Centro Penitenciario de Villahierro, en Mansilla de las Mulas, en el marco de la determinación adoptada por el Ejecutivo para introducir servicios de vigilancia privada en el establecimiento.
Dos agentes cubrirán cada uno de los turnos establecidos para cubrir las 24 horas del servicio, que de acuerdo a los planes de la administración implicaban la llegada de seis guardias para desarrollar tareas que hasta ahora desempeñaban miembros de la Guardia Civil, que de esta forma teoricamente cubrirán otras labores.
La Unión de Guardias Civiles mostró su rechazo a la incorporación porque aseguró que esa tarea ya está cubierta por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que esta decisión «a día de hoy lo único que provoca es un aumento del gasto en seguridad» en las cárceles españolas, en palabras del presidente nacional de la UGC, Ramón Rodríguez.
También mostró su oposición a esta medida el secretario de la Administración General del Estado de la Federación de Servicios Públicos de la UGT de Castilla y León, Ovidio Martínez, quien consideró que se trata de «una auténtica privatización encubierta».