El sindicato CSIF se opone a la medida del Gobierno porque supone un gasto extra y merma la seguridad al sustituir a la Guardia Civil.
PÉREZ GIL El centro penitenciario Alicante II de Villena recibió durante la mañana de ayer, un mes después de lo anunciado por el Ministerio del Interior, a los 17 vigilantes privados que se van a hacer cargo de la seguridad del perímetro exterior de la prisión. Todos ellos pertenecen a la empresa Prosegur y van a cubrir, por turnos y de forma ininterrumpida, dos plazas cuyas funciones siempre han sido desempeñadas por los agentes de la Guardia Civil. Una de ellas consiste en supervisar, dentro del cuerpo de guardia de la cárcel, los monitores de las más de 200 cámaras de vigilancia instaladas en todo el recinto externo. La otra función será la de acompañar a un funcionario de prisiones en la garita donde se encuentran las barreras de entrada y salida de la prisión. En ambos casos no portarán armas, vestirán sus uniformes mostrando sus placas y estarán supervisados por guardias civiles durante un periodo de prueba de nueve meses. Un plazo inicial, como experiencia piloto, durante el cual sólo realizarán tareas de acompañamiento y no sustituirán a ningún empleado público.
Sin embargo, con esta medida el Gobierno pretende sustituir a la Guardia Civil de las funciones de control y vigilancia perimetral de las cárceles por trabajadores de empresas de seguridad privada.
En Villena se han presentado 17 guardias jurados de Prosegur, de un toral de 250 que se repartirán entre 21 centros penitenciarios, incluidos los de Castellón I y Castellón II (empresa Ombuds) en la Comunidad. Si la experiencia piloto resulta satisfactoria -y todo parece presagiar que así va a ser- el Ministerio la extenderá al resto de cárceles.
Para el sector de Instituciones Penitenciarias de la Comunidad Valenciana de CSIF se trata de un nuevo intento de privatización de servicios públicos esenciales, tocando esta vez a la seguridad en las prisiones españolas. El sindicato está totalmente en contra de una medida impuesta por el Gobierno, que no aporta nada más que un gasto extra para el erario público ya que los costes retributivos son superiores a los de la Guardia Civil, siendo además, este Cuerpo, un colectivo inmejorablemente formado para ejercer sus funciones.
"En un momento de crisis, donde no se ha ofertado este año ni una sola plaza para funcionarios de Prisiones, aún constatando la falta de personal existente, se sufraga un servicio cuya única función, según la propia Administración, va a ser acompañamiento y apoyo a los miembros de la Guardia Civil, cuando no hay constancia de necesidad alguna", destacaba ayer Francisco Cadenas, presidente territorial del sector de Instituciones Penitenciarias de CSIF-Comunidad Valenciana, quien ha advertido, además, que el sindicato va a estar muy atento a cualquier disfunción en el servicio que suponga una merma en la seguridad de los centros o de los trabajadores penitenciarios. Esta medida, según Cadenas, vulnera el Reglamento Penitenciario y el Estatuto Básico del Empleado Público y supone, a su juicio, otro riesgo en la seguridad de las prisiones que son pilares fundamentales en el control de graves amenazas para el Estado, como pueden ser las organizaciones terroristas o las mafias organizadas.
