El Ministerio del Interior ha accedido a la petición de la Audiencia Nacional de devolver parte de la escolta a sus jueces de instrucción. La inquietud de estos seis magistrados no se debe a una posible vuelta a las armas de la banda terrorista ETA, sino al ambiente convulso que existe en la sede del órgano judicial debido a las causas por corrupción y contra las cajas de ahorros, según fuentes jurídicas.
El servicio de escolta reimplantado hace quince días sólo está fijado en horario de mañana para controlar principalmente las entradas y salidas de los instructores, quienes ven cierto peligro en el acceso al edificio cuando diariamente hay manifestantes apostados en la puerta que van a protestar contra los imputados inmersos en causas judiciales.
Según fuentes conocedoras del asunto, la sede temporal de la Audiencia Nacional –el edificio principal está en obras- tiene unas condiciones poco apropiadas para la seguridad e Interior ha decidido acceder a la petición de los instructores porque son la cara más visible y conocida del órgano judicial.
Estas mismas fuentes señalan que en ningún caso se debe al miedo por una posible vuelta de ETA porque, entre otras cosas, la Audiencia Nacional no tiene constancia oficial de que eso sea así. A día de hoy, los jueces instructores no tienen ninguna información que avale la afirmación del fiscal Carlos Bautista, quien ayer argumentó en un juicio que existen informes oficiales que apuntan a que ETA podría estar planeando su “vuelta a la actividad armada”. Otras fuentes de la lucha antiterrorista sostienen que no existe un informe como tal, pero que son ciertas las sospechas planteadas por el fiscal.
A pesar de la información manejada por la Policía, la devolución de parte de los escoltas a los instructores no tiene nada que ver con un posible peligro terrorista. El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, solicitó una reunión con el secretario de Estado de Seguridad tras la preocupación mostrada por los seis jueces. En ese encuentro se planteó la inquietud por la convulsión existente en las puertas de la Audiencia Nacional, a lo que el Ministerio se mostró sensible y accedió.
En esa reunión, Interior advirtió de que se trata de una medida temporal hasta que analice con más detalle la situación y se tome una decisión definitiva. Aun así, fuentes conocedoras del asunto explican que no se trata de una vuelta atrás a la decisión del Ministerio en junio del pasado año de retirar el servicio de escoltas a jueces y fiscales del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional y los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por el menor riesgo existente tras el alto el fuego de ETA en octubre de 2011 y la necesidad de reducir gastos.
De la Audiencia Nacional, se quedaron sin protección casi una veintena de jueces y prácticamente todos los fiscales, con la excepción del presidente de la Audiencia, Ángel Juanes, el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, el juez de vigilancia penitenciaria José Luis de Castro, y el fiscal jefe, Javier Zaragoza
