El Gobierno, al parecer, empieza a ser consciente de que ya no puede seguir desviando balones en materia de seguridad hacia las comunidades autónomas o, peor aún, hacia los municipios, que tiene sus recursos económicos muy limitados -máxime cuando a ambos se les está apretando duramente en relación con el déficit y los límites establecidos.
Empieza a ser consciente también de que apenas se convocarán ya más plazas de Policía, empezando por ellos mismos, que están convocando para el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil cantidades irrisorias que no cubrirán no ya el ratio ideal, sino que el mínimo del mínimo está cayendo, ya que las jubilaciones y otros imprevistos superan en cantidad considerable a las plazas convocadas, lo que provoca que los datos no sean demasiados esperanzadores. Y, mientras tanto, los delitos aumentan y lo seguirán haciendo, a pesar de lo que digan las estadísticas que siempre son favorables, cosa misteriosa, pero es así.
Viendo este panorama, el Gobierno ha pensado que la solución más coherente es añadir efectivos, pero ¿cómo? Pues haciendo que la seguridad privada sea publica en cuanto a su cometido. De esta manera, se quiere conseguir no solo que la seguridad privada aporte una información vital para el cometido policial, sino que además haya una colaboración mucho más activa, aprovechándose de los servicios de la seguridad privada, que a veces serán costeados por un particular y otras veces por la Administración pero a un precio mucho más económico que si fueran Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Se produciría además, un ahorro cuantioso en materia de formación y demás condiciones. Pero no solo eso, sino que aparte recibiría ingresos por parte de las academias de seguridad, de los aspirantes, de las empresas, y de una multitud de tasas varias.
Ahora bien, ¿hasta dónde llegará la seguridad privada? En primer lugar, antes quieren dejar las cosas más claras en cuanto a las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas (en cuanto a esto, Canarias debería tomar parte activa). En segundo lugar, tras esta medida se esconde el deseo de acabar con el fastidioso intrusismo que ha sido la causa de la quiebra de muchas empresas. Tercero, la seguridad privada será subordinada, complementaria y coordinada con la seguridad pública y para que así sea se harán comisiones de coordinación.
Han configurado una seguridad más pública que la que había hasta la fecha. La seguridad privada hasta este momento estaba restringida a una parcela muy privada, y ahora se abre el abanico posibilidades, y también el control sobre ellas. Eso sí, mientras unos crecen otros retroceden, es el caso de los detectives privados, para lo que habrá un mayor control y peores expectativas de negocio.
Se les reconoce su condición de agentes de la autoridad cuando estén debidamente identificados, ejerzan sus funciones, y actúen con los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o siguiendo sus instrucciones, elevándolos a la categoría la de autoridad a efectos de su protección penal cuando se trate de agresiones.
En resumen, se trata de una ley de carácter general que establece principios y preceptos básicos, dejando los detalles para normativa de inferior rango, que ofrece una mayor flexibilidad, para que el Gobierno vaya concretándolos según las circunstancias y cambios de la sociedad.
