Las asociaciones de guardias civiles creen que esta decisión sólo provoca un aumento del gasto y los sindicatos perciben una privatización encubierta a largo plazo
La Unión de Guardias Civiles muestra su rechazo a la incorporación de diez vigilantes privados a cuatro centros penitenciarios de la Comunidad, al igual que en otras 17 prisiones del resto de España, como refuerzo a las labores de seguridad de los agentes del Instituto Armado y del Cuerpo Nacional de Policía porque aseguró que esa tarea ya está cubierta por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que esta decisión “a día de hoy lo único que provoca es un aumento del gasto en seguridad” en las cárceles españolas, en palabras del presidente nacional de la UGC, Ramón Rodríguez.
Esta decisión afecta a cuatro cárceles de Castilla y León, las de Mansilla de las Mulas (León), Dueñas (Palencia), Topas (Salamanca) y Valladolid, con dos nuevos puestos de 24 horas para vigilantes privados en las tres primeras y cuatro puestos en la última, tres de 24 horas y uno de 12 horas, que estaba previsto que empezarán a trabajar hoy lunes y que estarán nueve meses de periodo de pruebas. “No sustituyen la labor de los guardias civiles (que se ocupan de la seguridad en la mayoría de las prisiones de España), sino que es un incremento que no parece que tenga mucho sentido “, aseveran.
Una medida que se pondrá en marcha de forma experimental, pues no se contempla que los guardas jurados sustituyan a la Guardia Civil o a los funcionarios en las tareas que les corresponden y su tarea será la de control externo o manejar los monitores del circuito cerrado de las cárceles. Interior asegura que todavía no ha concretado cuántos vigilantes serían necesarios para cubrir las necesidades de las prisiones en España.
El Gobierno ha elaborado una nueva Ley de Seguridad Privada, mientras el sector toma posiciones en la vigilancia de recintos que antes no eran de su competencia, como las cárceles. Desde los sindicatos se teme una futura privatización de la seguridad penitenciaria, sustituyendo a funcionarios en el control exterior de las prisiones, en barreras o ante los monitores de los centros penitenciarios. La nueva ley está ya muy avanzada, según fuentes del Ministerio de Interior, que señalan que la entrada del sector privado en una veintena de cárceles del país es un primer paso, entre otras cosas, para lograr ahorrar costes.
