La Cadena SER ha tenido acceso a los interrogatorios de los directivos y trabajadores de esta empresa de seguridad investigada por un presunto fraude de 30 millones de euros a la Seguridad Social.
Varios directivos y trabajadores de ESABE reconocieron ante la policía la existencia de sobornos a funcionarios para obtener contratos públicos, entre ellos la adjudicación del Hospital de la Fe de Valencia. La policía califica a Juan José Prados del Pino, presidente del grupo ESABE en paradero desconocido desde diciembre, como "ideólogo" de la trama. Según ha podido saber la Cadena SER, tanto Prados del Pino como su esposa han comunicado a la justicia su intención de declarar el próximo mes de julio.
Directivos y antiguos trabajadores de la empresa de seguridad ESABE reconocieron ante la policía la existencia de sobornos a funcionarios públicos para obtener adjudicaciones y contratos. En la transcripción de los interrogatorios, a los que ha tenido acceso la Cadena SER, varios detenidos, entre ellos la que fuera directora nacional de varias de las empresas del grupo, reconocen que se sobornó a un funcionario de la Generalitat Valenciana para obtener la adjudicación del Hospital de la Fe en Valencia. La persona presuntamente sobornada, según esta declaración, se llamaba Eloy y estuvo vinculado a la Consellería de Sanidad de la Generalitat valenciana aunque "posteriormente fue destituido".
Otro de los detenidos, J.M.S, manifestó haber ofrecido personalmente estos sobornos y prebendas en nombre de la empresa, señalando también que a veces se producían amaños "por confianza con el cliente", ofreciendo unos precios bajos que el resto de empresas "no podían igualar", presentando proyectos rozando lo que denominan como "baja temeraria".
El presidente de ESABE: un ideólogo "con mano de hierro"
La policía lo tiene claro. Según un informe contenido en el sumario, el presidente de ESABE, Juan José Prados del Pino, es el cabecilla de la estrategia que ha llevado a cabo esta empresa de seguridad y limpieza para defraudar presuntamente 30 millones a la Seguridad Social. Lo hizo, según los agentes, "con mano de hierro" y aprovechándose del bajo nivel académico y cultural de algunos de los acusados para que actuaran como sus testaferros. En otros casos señalan que es "imposible" que algunos de los imputados no tuvieran conocimiento de las actividades ilícitas que se estaban cometiendo.
La policía llega a esta conclusión gracias a los interrogatorios de directivos y ex trabajadores, quienes han coincidido en reconocer que figuraban como administradores de empresas vinculadas a ESABE porque el presidente les amenazaba con despedirles si se negaban a ello, alegando que Prados del Pino "era el verdadero dueño del entramado empresarial". Algunos detenidos definen este entramado como una estructura de "empresas guarras y hombres de paja que no tenían actividad". Además, según reconoce una de las detenidas que trabajó más de diez años como directiva en varias de las empresas del grupo, el expresidente viajaba habitualmente a Gibraltar y que tenía entre sus asesores a un antiguo responsable del área de seguridad del Ministerio de Trabajo al que llamaban "el innombrable".
El presidente de ESABE y su esposa serán interrogados en julio
Según ha podido saber la Cadena SER, tanto el presidente del grupo ESABE Juan José Prados del Pino como su esposa comparecerán ante la jueza a principios del próximo mes de julio. En la operación policial del pasado mes de diciembre fueron detenidos más de una decena de administradores, directivos y antiguos trabajadores del grupo ESABE, acusados de haber participado en el fraude a las arcas públicas, algunos como supuestos testaferros en empresas fantasma.
El presidente del grupo ESABE y su esposa se encontraban en paradero desconocido desde diciembre. A todos ellos la policía les atribuye delitos contra la Seguridad Social, insolvencia punible, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, delitos contra los derechos de los trabajadores y también de falsedad documental.
La policía incautó sellos de organismos oficiales
En el informe definitivo de la policía sobre los implicados al que ha tenido acceso la Cadena SER, los investigadores indican que en el registro al domicilio de uno de los hijos del matrimonio, Javier Alfonso Prados, se incautaron varios sellos de organismos oficiales que no tendrían por qué estar en su poder.
Unos sellos que, según declaró uno de los detenidos, "se estampaban en documentos oficiales que los miembros de la empresa presentaban ante bancos y otros organismos oficiales". Durante los interrogatorios a varios detenidos se les pregunta por la procedencia de sellos de la Generalitat Valenciana, Catalana y también de Banesto.
