Este programa experimental en la prisión de La Moraleja durará nueve meses y después se valorará su continuidad
Lo anunció el pasado 18 de marzo el delegado del Gobierno en la región, Ramiro Ruiz Medrano, durante su visita junto al director del Imserso, César Antón, al Centro Asistencial San Juan de Dios de la capital palentina. A partir del 1 de abril, cuatro centros penitenciarios de Castilla y León iban a incorporar vigilantes de seguridad de empresas privadas de forma «experimental». Esas cuatro cárceles elegidas eran La Moraleja, en Dueñas; Topas, en Salamanca; Mansilla de las Mulas, en León, y el centro penitenciario de Villanubla, en Valladolid. Ruiz Medrano explicó que en ellas se iba a compatibilizar el servicio de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con vigilantes privados, y que, con el tiempo, se vería si la medida tiene continuidad o se buscan otras alternativas.
Pues bien, en la cárcel de Dueñas se valora positivamente la medida, según explica el director del centro penitenciario, Javier Díez, que hace hincapié en que durante el mes que llevan prestando su servicio los dos vigilantes de seguridad destinados, no ha habido ningún incidente en la cárcel. «Llevan en el centro desde primeros de mayo, uno de ellos en el control de acceso a la prisión y el otro, en el control de las cámaras del recinto exterior, pero los dos están acompañados de guardias civiles, no les sustituyen», añade Javier Díez, que señala que los dos vigilantes van a desempeñar su labor en el centro penitenciario durante nueve meses y, al término, «se hará un informe para que el Ministerio decida si es viable o no».
Fuentes del Ministerio del Interior han incidido en que «no se trata de suplir la labor de los guardias civiles sino de reforzar su trabajo en tareas de vigilancia no esenciales al tratarse de vigilantes que no van armados».
Los vigilantes, en su mayoría escoltas que perdieron su trabajo en el País Vasco desde el fin de las hostilidades por parte de ETA, vienen «a reforzar el servicio que presta la Guardia Civil en los controles de acceso de la puerta exterior, las garitas o las cámaras, siempre bajo la supervisión de los agentes», resumen fuentes de Instituciones Penitenciarias.
Los antiguos escoltas proceden de una unión temporal de seis empresas del sector creada para la ocasión y que destinará a 11 vigilantes en el caso de la prisión de Valladolid y a otros 18 para cubrir los tres turnos de las restantes cárceles de Palencia, León y Salamanca. Así hasta sumar 250 efectivos en 21 centros.
La Asociación de Guardias Civiles (AUGC) entiende que aunque se asegure que esta medida «solo será un refuerzo» al trabajo que hacen las Fuerzas de Seguridad del Estado, en el fondo la intención final del Gobierno es «privatizar la seguridad en las prisiones».
Tampoco la Unión de Guardias Civiles (UGC) ve con buenos ojos la incorporación de vigilantes privados a las prisiones. «No tiene mucho sentido reforzar un servicio que ya estaba bien cubierto por los guardias civiles destinados en las cárceles cuando nadie ha detectado que hubiera problemas graves que obligaran a incorporar nuevos efectivos», afirman.
