PENALES QUE HAN CONTRATADO A PERSONAL PRIVADO PRESCINDEN DE LA CAPACIDAD DE LOS ESCOLTAS PRIVADOS
El Tribunal Supremo acaba de fallar contra una empresa de escoltas privados en el territorio histórico
VITORIA. Hay promesas que se las lleva el viento. Entre ellas, alguna de las propuestas que se pergeñaron en su momento como posibles opciones para la recolocación de los escoltas privados que han trabajado a lo largo de los últimos años en el País Vasco y Navarra. Entre esas opciones, se atisbaba la posibilidad de que este colectivo pudiera ser contratado en las cárceles para la vigilancia de las instalaciones. Sin embargo, los ejemplos que ya funciona desvelan que la recolocación de estos trabajadores poco o nada tiene de justo. En concreto, en la cárcel de Castellón se ha contratado a 25 personas para ejercer las labores de vigilancia y seguridad. De ellos, sólo 10 son escoltas. Sin embargo, se les ha contratado como personal de una categoría inferior, como vigilantes de seguridad, con las connotaciones que ello tiene, tanto en condiciones laborales como en las salariales. "Hemos dado la cara y nos hemos jugado la vida para contribuir a la paz. Ahora se olvidan de nosotros", indican escoltas privados consultados por este medio. "No se cumplen los compromisos contraídos", añaden, mientras recuerdan que "aquí se ha hecho muy buen trabajo. Nos hemos implicado y nuestras caras son conocidas. Sólo pedimos una salida profesional digna, porque ahora está claro que buscan la forma más barata de echarnos".
El caso es que la labor que hacían no tiene continuidad. No hay demanda y, por ende, es difícil su recolocación. Ésa, precisamente, puede ser la causa que está detrás de la creciente conflictividad social que padece este colectivo. Al respecto, enumeran juicios y querellas por incumplimientos empresariales. En ese sentido, la pasada semana se conoció una decisión judicial en la que el Tribunal Supremo (TS) desestimaba el recurso presentado por una empresa de seguridad sobre el despido de un escolta que trabajaba en Álava, al argumentar que no fue contratado para proteger a una persona concreta, cuya vigilancia se redujo, sino para el servicio de vigilancia conjunto del Gobierno Vasco. El TS ha resuelto así el recurso de casación presentado.
