Aunque las palabras vienen solas y las promesas son fáciles de hacer, a menudo, no son tan fáciles de cumplir. Un claro ejemplo de estas palabras viene con el “abandono definitivo” de las armas por parte de la banda terrorista ETA. Cientos de escoltas que ven como su medio de vida se diluye como el humo ante el empuje del viento y que reciben una promesa tranquilizadora, “recolocaremos a los escoltas en funciones de vigilancia en las cárceles españolas”.
El tiempo es el peor aliado del que promete por prometer, para sacarse un problema de encima sin pensar en las consecuencias de sus promesas. El tiempo es el que nos está demostrando que, del dicho al hecho, trecho, como dice nuestro riquísimo refranero. Los ejemplos en los que ya se compaginan la presencia de Guardia Civil y Vigilantes de Seguridad en algunas cárceles españolas, han demostrado que la recolocación de los escoltas no se está llevando a cabo en la forma en que la prometieron y, desde luego, poco o nada tiene de justa la decisión.
Por poner un ejemplo como botón de muestra, valga la Cárcel de Castellón, donde 25 Vigilantes de Seguridad prestan ya sus servicios. De estos, solo 10 son escoltas recolocados, que además han visto perdida su categoría profesional, lo que se traduce en una merma de las condiciones salariales y laborales.
Algunos profesionales que trabajaban en las provincias del Pais Vasco como escoltas se manifiestan indignados ante la falta de efectividad de los compromisos que se contrajeron con ellos. Piensan que “han estado arriesgando la vida para nada, ahora los dejan tirados como a perros en una cuneta”. No piden tratos de favor, solo una salida profesional digna. “Lo que están haciendo ahora es buscar una forma barata de hecharnos”.
Pero las cosas están como están. De momento los asesinos siguen en silencio, en el más absoluto anonimato, solo roto por las detenciones periódicas que los agentes anti terroristas de la Guardia Civil consiguen de cuando en cuando. Es posible que los asesinos estén en tregua. La Guardia Civil no. Lo que se traduce en que el servicio de los escoltas no tiene demanda, ya no es necesario y su recolocación es complicada.
Los escoltas y sus sindicatos han interpuesto juicios y querellas por el imcumplimiento de las empresas. La semana pasada se tuvo conocimiento de una sentencia judicial en la que el Tribunal Supremo desestimaba el recurso presentado por una empresa de seguridad sobre el despido de uno de estos profesionales. La sentencia argumenta claramente que el escolta no fue contratado para proteger a una persona concreta, cuya vigilancia se redujo, sino para el servicio de vigilancia personal conjunto del Gobierno Vasco. El Tribunal Supremo resuelve así el recurso de casación presentado, lo que obliga a la empresa a la recolocación del profesional y explicaría la forma de actuar de las empresas en su forma de proceder con los escoltas privados.
