El ayuntamiento capitalino le entrega a Ramírez la vigilancia de las sedes municipales
Miguel Ángel Ramírez, dueño de Seguridad Integral Canaria, del Grupo Ralons y presidente de la U.D. Las Palmas, puede considerarse un prototipo del empresario que ha sido capaz de medrar cultivando las mejores relaciones entre la casta política del Archipiélago. Utilizando hábilmente las posibilidades que se abrieron en su horizonte al convertirse en la cabeza visible de uno de los dos equipos de fútbol más representativos del Archipiélago y, según se ha conocido recientemente, realizando también generosas donaciones a los partidos políticos del establishment, Ramírez ha conseguido incrementar su nicho de negocios y su fortuna personal, así como eludir sin ninguna consecuencia denuncias tales como las de vulnerar la Ley de Seguridad Privada, quebrantar la legislación laboral o la de cometer presuntos fraudes a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública.
Ya en el año 2011 Seguridad Integral Canaria acaparaba -según la Asociación de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad de Canarias - alrededor del 80% del gasto en seguridad de la Administración autonómica. Es adjudicataria, entre otros muchos contratos, del servicio de escoltas del Ejecutivo Regional. Y posee, asimismo, la subcontrata de los servicios de seguridad y vigilancia de la ULPGC, donde a comienzos de este mismo año despedía a diez de sus trabajadores.
Pero los negocios de "el presi" no se circunscriben al ámbito del Archipiélago. También en 2011, la empresa de Ramírez obtenía la adjudicación de un contrato, por casi ocho millones de euros, para ofrecer los servicios de vigilancia y seguridad de los Reales Sitios de Patrimonio Nacional. Entre otros lugares de "relumbrón", Seguridad Integral Canaria desembarcó así en el Valle de los Caídos, San Lorenzo del Escorial, los Reales Alcázares de Sevilla o la Granja de San Ildefonso en Segovia. Este mismo año, conseguía también la adjudicación del contrato para la seguridad de las zonas 1, 2 y 5 del metro de Madrid, por un periodo de cuatro años, prorrogable por otros dos. Actualmente SIC se encuentra presente, además, en comunidades autónomas como Baleares, Extremadura, Andalucía y Castilla.
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No se puede decir, pues, que la crisis haya afectado negativamente a la multimillonaria facturación de Seguridad Integral Canaria. Pese a todo, el grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de G.C., del Partido Popular, ha decidido aportar un nuevo "granito de arena" a la fortuna de Miguel Ángel Ramírez. La mesa de contratación del consistorio capitalino acordaba este martes adjudicar a su empresa el servicio de seguridad y vigilancia de las Casas Consistoriales, las oficinas municipales del Metropole, en León y Castillo, y la Casa del Marino.
Con un contrato que tendrá cuatro años de duración, Seguridad Integral Canaria se encargará de la vigilancia de las principales sedes municipales desde que el Gobierno municipal formalice la adjudicación propuesta por la mesa de contratación.
Hasta el momento, dicho servicio era prestado por agentes de la policía local. La privatización del servicio costará a las mermadas arcas de la ciudad alrededor de 200.000 euros. Es decir, unos 33 millones de las antiguas pesetas. Pese a ello, el concejal de Hacienda, Agustín Gutiérrez, justificó la gestión privada asegurando "que la vigilancia saldrá más barata". Una afirmación que fue desmentida por el concejal del Partido Socialista Canario (PSC), Alfonso Campoamor, quien recordó que "el Ayuntamiento tendrá que pagar de todas maneras a los agentes locales".
Fuentes del propio Partido Popular, por su parte, reconocieron que los catorce policías locales que venían realizando hasta ahora esta función "permanecerán en el Ayuntamiento, aunque realizarán otras funciones"