La junta general de este partido judicial exige que se depuren responsabilidades penales o disciplinarias por el contenido de las grabaciones difundidas en los medios
Los jueces consideran que el CGPJ debió haber intervenido de manera inmediata, "siquiera de forma cautelar, restaurando la imagen de la Justicia"
La junta general de jueces de Las Palmas de Gran Canaria ha exigido este lunes en un comunicado que se depuren las responsabilidades penales o disciplinarias de todo lo que pudiera ser objeto de reproche tras la grabación difundida en los medios de comunicación del juez Salvador Alba a compañeros de su sala.
El decano del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria, Óscar González, ha dado lectura al comunicado que expresa el sentir unánime de los 34 magistrados que han asistido a la reunión de la junta para abordar la situación que se vive desde hace meses en este partido judicial y que consideran de "extrema gravedad".
Unos hechos que, a juicio de estos jueces, "habrían merecido la intervención inmediata" de los órganos de gobierno de los jueces, "siquiera de forma cautelar, restaurando la imagen de la Justicia y la dignidad de la función".
De hecho señalan que la "pasividad" de los que tienen la "misión de protegerles frente a ataques externos e internos", les ha obligado a pronunciarse por ser la junta la que representa a los órganos jurisdiccionales unipersonales de Las Palmas, pues se sienten igual de "sorprendidos y perplejos" que el resto de la ciudadanía.
Una chapucera transcripción para tapar a la Fiscalía
La transcripción que la Guardia Civil hace de la conversación entre el juez Alba y el empresario Ramírez incluye nombres de personas que ni se mencionan, clamorosas omisiones y errores garrafales
Los agentes transcriptores colocan al juez Alba en la misma promoción que Luis Pascual Estevill, incluyen a dos magistrados que ni se les nombra y omiten a la fiscala Evangelina Ríos, a la que dejan como “Eva ¿?”
Bueno, ya ha llegado a la prensa la transcripción íntegra de la íntegra grabación que el empresario Miguel Ángel Ramírez realizó el pasado 16 de marzo en el despacho del magistrado Salvador Alba, en las dependencias de la Audiencia Provincial de Las Palmas. La primera conclusión que se alcanza al cotejar esa transcripción con la grabación que el mismo benemérito cuerpo halló escondida en la carpeta de “basura” del mecanismo que empleó Ramírez para grabar es que no estamos en buenas manos. Que si un trabajo tan primario como escuchar y transcribir un audio da como resultado una chapuza tan grande, nada digamos de lo que haya podido ocurrirle a justiciables que hayan podido ser condenados por un desempeño similar.
A no ser que la chapuza no sea tal sino un burdo intento del instituto armado por proteger determinados intereses de la Fiscalía de Canarias, seriamente comprometida por la participación de una de sus protegidas en la trama: la fiscal de Delitos Económicos Evangelina Ríos.
Veamos algunos ejemplos de la “chapuza”.
La Guardia Civil incluye en el listado de personas que supuestamente aparecen mencionadas los nombres de dos magistrados de la misma Audiencia Provincial que ni están ni se les espera: los de Pedro Herrera y Miguel Ángel Parramón. Al primero le adjudican el número 07, sin que ni siquiera se haga mención ni al guarismo ni al nombre en todo el texto, publicado este viernes por Canarias7. Al segundo, Miguel Ángel Parramón, le endosan haber sido mencionado por Miguel Ángel Ramírez en su conversación preliminar, camino del despacho de Alba, con el abogado Sergio Armario. Entienden los funcionarios del instituto armado que la referencia a un tal “Miguel” se corresponde con Parramón, pero en realidad ese “Miguel” es el propio empresario, que recita lo que a su juicio debería decir Alba a la fiscal Evangelina Ríos, a la que curiosamente los transcriptores no identifican en ningún momento a pesar de las continuas referencias que a ella se hacen.
La transcripción dice así:
“01 [número con el que se idéntica a Ramírez]: Ahh Eva (13), yo lo que le he dicho a Miguel (Puede ser 06), es échame una mano para no quedar mal nosotros ante todo el espectáculo que se está montando, entiendes lo que te digo”.
Una detenida audición de ese fragmento arroja, sin embargo, este resultado:
Ramírez: “A ver, Eva, yo lo que le he dicho a Miguel es ‘échame una mano para no quedar mal nosotros ante todo el espectáculo que se ha montado’, ¿entiendes lo que te digo?”
Es la única mención a un Miguel que se recoge en todo el texto y que se percibe en todo el audio, y el contexto en el que se pronuncia no parece tener que ver en absoluto con el magistrado. Había que meter a Parramón como fuera, parece claro: es un juez significado con la asociación progresista Jueces para la Democracia y amigo de la también magistrada Victoria Rosell. Mezclarlo de algún modo conviene a la causa de Alba y de la Fiscalía. Porque magistrado y Ministerio Público hace tiempo que unieron sus destinos, sabedores de que algunas de las andanzas del juez corrupto se celebraron por la necesaria participación (por acción u omisión) de la Fiscalía.
Sin embargo, las referencias a “Eva”, la fiscala encargada del caso Ramírez, Evangelina Ríos, cuyas menciones sí aparecen perfectamente contextualizadas por ambos interlocutores, no son interpretadas correctamente por los agentes actuantes en la transcripción. Curioso. Justo en el momento en el que se detecta un amplio movimiento institucional para salvar a la fiscala de delitos económicos de Las Palmas de los apuros que pueda causarle haber coadyuvado con Alba al compló contra Rosell.
Como todo tiene su encuadre, es bueno recordar aquí y ahora que los nombres de estos dos magistrados, Pedro Herrera y Miguel Ángel Parramón, sí aparecieron en las primeras noticias que el periódico La Provincia publicó cuando se conoció que había sido encontrada la grabación íntegra de la conversación entre el empresario y el juez Alba. Alguien se empeñó en que aparecieran, y siguen apareciendo a día de hoy, por mucho que de la audición de la grabación queden por completo excluidos.
Pero da igual: esos falsos hallazgos han conducido, otra vez según el periódico La Provincia, a que el fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido plantee que se “indague a los magistrados que salen en la grabación”. Cuanto más extendida esté la tinta de calamar (llamémosla mierda para la ocasión), más posibilidades habrá de que el sistema se blinde y reparta culpas o absoluciones por igual. Porque ésta parece ser la misma fiscalía que no ha enviado al Consejo General del Poder Judicial las grabaciones de Alba contra sus compañeros de la Audiencia Provincial. Ni, por supuesto, la participación de Evangelina Ríos a la Inspección Fiscal, donde seguramente se tirarían de los pelos ante tamaña complicidad con el juez Alba.
La chapuza tiene otros hitos antológicos, como la referencia a otro juez, en este caso Luis Pascual Estevill, condenado en su día por delitos relacionados con la corrupción. Su nombre es escrito de dos maneras distintas por la Guardia Civil, Estevila y Stevil. Ninguna es la correcta.
En la transcripción puede leerse lo siguiente:
“02 [número con el que se identifica a Alba]: Sí, yo soy de la misma promoción del juez Stevil (23), llevo una carrera con Viky (04), de puta madre, también es de la misma promoción que Vicky (04) y yo”.
En realidad, lo que se dice es lo siguiente:
Alba: “Sí, yo soy de la misma promoción de jueces que Vicky; llevo lo mismo en la carrera que Vicky y Carlos [Vielba], que también es de la misma promoción que Vicky y yo”.
Como un huevo y una castaña, vamos.
¿Ordenará Vicente Garrido que se investigue la participación en la trama del juez Luis Pascual Estevill?
No parece importar tanto la precisión y el rigor en la transcripción como las clamorosas omisiones y las falsas inclusiones. Todo a mayor gloria del blindaje a la Fiscalía.
