Delitos Económicos pide a la juez que intervenga una copia de seguridad alojada en un servidor externo.
El Tribunal Superior de Justicia Canarias (TSJC) avanza en la instrucción de las diligencias abiertas a los magistrados Victoria Rosell y Salvador Alba, con las citaciones de ambos para las próximas semanas, al tiempo que el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria sigue con la investigación por fraude fiscal que afecta al empresario Miguel Ángel Ramírez.
Las irregularidades en ese procedimiento están relacionadas con las dos causas abiertas en el TSJC. Ayer los peritos de Ramírez ratificaron en el Juzgado de Instrucción varios informes que niegan la existencia de delitos contra la Hacienda Pública entre 2010 y 2013. Esas conclusiones son contrarias a las de los inspectores de la Administración Tributaria, que sí ven un posible fraude en el pago de las nóminas de Seguridad Integral Canaria. La Fiscalía de Delitos Económicos, con la finalidad de contrastar esas periciales y calcular, en su caso, las cuotas defraudadas en la liquidación del IRPF con mayor precisión, ha solicitado la intervención de la contabilidad que Seguridad Integral guarda en el servidor de una entidad especializada en servicios informáticos.
La diligencia consiste en exigir a Freematica SL que remita al juzgado los archivos con la contabilidad y la gestión de personal de la empresa investigada. Freematica tiene su sede en Sabadell, está especializada en servicios informáticos y ha sido contratada por Seguridad Integral para prestarle apoyo tecnológico.
Según la Agencia Tributaria, la entidad tiene copias de seguridad con datos originales de la contabilidad que se investiga, entre los años 2008 y 2014, así como un programa de gestión de personal que podría arrojar luz sobre los desplazamientos realizados por los trabajadores durante esos ejercicios económicos. De ahí la importancia de practicar la prueba, que puede aclarar de forma definitiva si la empresa pagaba o no a sus empleados horas extraordinarias camufladas en dietas, con la finalidad de eludir la tributación a Hacienda y las cotizaciones a la Seguridad Social.
La juez Carla Vallejo acordó en febrero la diligencia, pero la dejó sin efecto días después porque la investigada, al ver que la Fiscalía reclamaba la contabilidad a Freematica, aportó las cuentas anuales, el libro diario, el libro mayor y algunos cuadrantes de las dietas y traslados de los trabajadores. Todo esa documentación fue trasladada a los peritos judiciales para que hicieran sus informes, pero en la comparencia de ayer las acusaciones volvieron a insistir en que la información suministrada es limitada y, por tanto, resulta necesario autorizar la intervención de especialistas informáticos para recabar los datos de Freematica.
Y es que el objetivo de la diligencias es doble: comprobar si la contabilidad suministrada se corresponde con la de la copia de seguridad, que estaría a salvo de posibles manipulaciones, y obtener los cuadrantes con los desplazamientos que han dado lugar al pago de las supuestas dietas.
Vallejo denegó la práctica de esa prueba el pasado 20 de junio, pero las acusaciones han vuelto a insistir en la necesidad de practicarla. También declaró prescrito el delito contra la Hacienda Pública de 2008 y rechazó ampliar la investigación por insolvencia punible, tras no ver indicios de que el empresario pusiera los bienes a nombre de terceros con la intención de eludir el pago de la fianza. Alba, en ese momento, le había impuesto 35 millones, luego bajó a 17 y la Audiencia de Las Palmas lo anuló por falta de motivación. Vallejo la fijó finalmente en 3,25 millones.
Todas estas resoluciones se encuentran recurridas por la fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas, Eva Ríos.
