La CNMC multará a Prosegur con casi 40 millones de euros y a Loomis (Grupo Securitas) con seis por concertar precios en el sector de transporte y manipulación de efectivo
La CNMC no descansa en su lucha a brazo partido contra los múltiples cárteles que operan en los diferentes sectores de actividad económica. Esta vez le ha llegado el turno a Prosegur, la multinacional española líder en el mercado de la seguridad, que será sancionada en los próximos días por concertar precios con su teórico rival Loomis, empresa del Grupo Securitas. El organismo regulador dio cuenta en abril del pasado año de un expediente sancionador incoado a estas dos compañías, al disponer de indicios sobre eventuales prácticas anticompetitivas llevadas a cabo de manera prolongada entre 2008 y 2015 dentro del negocio del transporte y manipulación de fondos.
Las multas que maneja la entidad que encabeza José María Marín Quemada ascienden a más de 46 millones de euros, si bien la palma se la lleva Prosegur, con cerca de 40 millones. Loomis tendrá que hacer frente a otros seis millones. El varapalo cobra mayor significación si se tiene en cuenta que el grupo presidido por Helena Revoredo acaba de anunciar hace unas semanas sus planes para sacar a bolsa la filial de Cash, precisamente la que viene siendo señalada directamente por las investigaciones de las autoridades de competencia desde hace más de un año. Al mismo tiempo, el expediente del organismo regulador contempla multas personales por un importe conjunto de 50.000 euros para el director de Logística, Valores y Gestión Efectivo de Prosegur, J. L. I., y el director comercial de Loomis, J. M. M.
La nueva resolución en ciernes de la CNMC deriva de una denuncia presentada a instancias de determinados clientes que se sentían damnificados por las típicas prácticas ilícitas fundamentadas básicamente en una descarada concertación de precios. Una conducta tipificada dentro de la lucha contra los cárteles que el ‘supervisor mayor del Reino’ está llevando a cabo desde su creación hace poco más de tres años. El nuevo regulador único se ha demostrado especialmente eficaz en esta tarea, y solo en 2015 llevó a cabo el desmantelamiento de 14 cárteles en un año récord que se saldó con multas totales por importe de 500 millones de euros.
En el sector del transporte y manipulación de fondos, la CNMC considera que existe un oligopolio de hecho, derivado del fuerte proceso de consolidación protagonizado por esta industria en los últimos años. La autoridad española de la Competencia entiende que realmente Prosegur y Loomis son las dos únicas empresas con capacidad operativa a nivel nacional, ya que el resto de agentes actúan en sus propias demarcaciones locales y se reducen en todo caso a sendas compañías especializadas en las comunidades autónomas de Baleares y Canarias, respectivamente. Bajo estas condiciones, la posibilidad de incurrir en prácticas colusorias constituye una tentación irresistible que solo puede ser reprimida con una estricta política sancionadora.
La sanción incluirá además una multa conjunta de 50.000 euros para el director de
Logística y Valores de Prosegur y para el director comercial de Loomis
La CNMC ha analizado en el expediente los intentos baldíos que han efectuado algunos de los mayores clientes para forzar una mayor concurrencia en lo que se considera un mercado cautivo de Prosegur y Loomis. El regulador considera que la falta de transparencia en la contratación pública constituye en este apartado un obstáculo añadido a la hora de ampliar la competencia, ya que buena parte de las empresas que necesitan servicios especializados de seguridad son compañías estatales del sector ferroviario, en especial, Renfe, Metro de Madrid y Metro de Barcelona. Junto a estas, figuran también en la lista de damnificados las principales entidades financieras del país y algunos de los grandes grupos de distribución, como El Corte Inglés, Mercadona, Lidl y Aldi.
La tarea de investigación llevada a cabo por los inspectores de la CNMC ha puesto de manifiesto los contactos mantenidos por los citados directivos de las dos empresas de seguridad para demostrar una evidente concertación de precios. Fuentes del sector admiten que Prosegur reclamó en su momento la denominada ‘terminación convencional’ de la investigación, con el fin de llegar a un pacto con el regulador que finalmente fue rechazado por la CNMC. La multa se va a producir en un muy mal momento, dada la estrategia de desarrollo corporativo anunciada por la compañía a finales de septiembre. Prosegur se encuentra inmersa en un proceso de reestructuración societaria encaminado a transformar el modelo de gestión por países en un modelo de gestión por negocio. Este cambio ha dado lugar a la creación de tres divisiones orientadas a seguridad, alarmas y 'cash'.
El plan de la multinacional incluye la opción de sacar a bolsa durante el primer semestre de 2017 una participación minoritaria, hasta un 30%, del negocio de transporte y manipulación de efectivo, que constituye un 45% de la facturación total del Grupo Prosegur. La operación está supeditada a las circunstancias del mercado bursátil, pero los bancos colocadores deberán tener ahora también muy en cuenta la próxima multa de la CNMC y los eventuales efectos que puedan derivarse para la imagen y reputación de la compañía en los mercados de capitales.
La CNMC considera a Prosegur el principal responsable y lo sanciona con 40 millones mientras que Loomis recibe una sanción de 7.
La CNMC ha multado con 46,44 millones a Prosegur Compañía de Seguridad y a su filial Prosegur Servicios de Efectivo España (Prosegur), y a Loomis Spain (Loomis) por infracciones, entre 2008 y 2015, de la ley de defensa de la competencia. El organismo presidido por José María Marín Quemada ha acreditado que estas empresas se han repartido el mercado, "han acordado precios y se han intercambiado información comercial sensible durante 7 años para el transporte y manipulación de fondos que, según la normativa vigente, deben realizar empresas de seguridad privada autorizadas", según ha indicado CNMC en un comunicado.
Prosegur, por su parte, ya ha anunciado que recurrirá la sanción y no se muestra de acuerdo con los postulados del regulador. La mayoría de las multas de Competencia se recurren y muchas de ellas son revocadas por la justicia.
La responsabilidad de ambas compañías ha sido diferente, según dice Competencia en su nota de prensa. Así, Prosegur ha sido castigado con 39,4 millones de euros por una mayor responsabilidad, mientras que Loomis ha recibido una multa de 7.
La investigación se inició por una denuncia anónima que ponía en conocimiento de la CNMC los sucesos en dos concursos para la recogida, transporte y custodia de fondos, efectos de franqueo y filatélicos del Grupo Correos en noviembre de 2014.
Directivos señalados
Tras la instrucción del expediente, la CNMC considera acreditado que Prosegur y Loomis llevaron a cabo acuerdos y prácticas concertadas para el reparto del mercado de servicios de transporte y manipulación de fondos en España. Tal como como señala la resolución, las estrategias de las partes para repartirse el mercado han sido varias, adaptando las mismas en función del tipo de contrato o de servicio, o del cliente a quien debían prestar el servicio.
Además, según palabras de la propia CNMC, "la existencia de estas prácticas anticompetitivas se ha acreditado, entre otras vías, a través de las manifestaciones de los propios empleados contenidas en los correos electrónicos, y, además, en la actitud adoptada por Loomis y Prosegur en el mercado, que denota la existencia de un acuerdo previo, o cuanto menos de una concertación de actuaciones de cara a respetar la posición del rival en el mercado".
Prosegur anuncia que recurrirá
Prosegur, por su parte, ha emitido un comunicado donde anuncia que recurrirá y que reproducimos a continuación:
"Prosegur reafirma que no ha incurrido en práctica anticompetitiva alguna y que ha actuado siempre con absoluto respeto a la legalidad vigente.
Prosegur considera, además, que de las conclusiones expuestas en la resolución emitida por la CNMC se desprende que el organismo no ha tenido en cuenta al menos dos de las características singulares que inciden de manera directa en la gestión del negocio de la logística de valores y gestión de efectivo. Estas son la subrogación laboral y la subcontratación.
Con respecto a la subrogación laboral, las empresas que, como Prosegur, aplican el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad, garantizan con ello una importante protección al empleado. Sin embargo, esta situación se traduce en un mayor coste para el nuevo prestador del servicio cuando hay un cambio de proveedor. Éste último está obligado a asumir todo el personal del proveedor anterior que se acoja a su derecho a subrogarse.
Por su parte, la subcontratación entre proveedores permite a las compañías cumplir con las necesidades del mercado que demanda al proveedor la prestación de servicios cubriendo zonas geográficas concretas.
Además, Prosegur señala que la enorme diferencia en la cuantía de las sanciones impuestas a las empresas afectadas supone una aplicación errónea de los principios de proporcionalidad e igualdad de trato.
Finalmente, Prosegur manifiesta que ha colaborado con el organismo en todo lo que éste le ha requerido desde que, en febrero de 2015, iniciara su investigación. La compañía reitera su compromiso con el cumplimiento de la legalidad en cualquiera de sus actividades, así como en todas las geografías donde opera. Compromiso que está recogido en el Programa de Cumplimiento Corporativo en el que la normativa de Defensa de la Competencia es uno de los pilares básicos de continuo control y actuación".
