Desde hace meses asistimos en Canarias a un nuevo asesinato de Montesquieu. El pensador francés escribió que «el juez debe ser la boca muda que pronuncia las palabras de la ley». En nuestras islas hay jueces que no solo hablan al margen de la palabra de la ley, también graban y son grabados, son víctimas y verdugos de conspiraciones que se realizan en unos juzgados construidos y mantenidos con dinero público para perseguir el delito y no para organizar tramas que pueden beneficiar a políticos o empresarios amigos. O para perjudicar a políticos o empresarios enemigos.
Recordemos algunos de los hechos más destacados de este lamentable espectáculo. El pasado 16 de marzo el empresario Miguel Ángel Ramírez grabó la conversación que sostuvo con el juez Salvador Alba en el despacho del magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas. En ese encuentro el juez y el empresario inculpado por presunto delito contra la Hacienda Pública prepararon una declaración oficial que se debía producir (y se produjo) la siguiente semana; en esa reunión el propio magistrado asesoraba al investigado sobre las respuestas que debía dar. Por la transcripción de parte de esa conversación que se filtró a los periódicos la declaración de Ramírez iba a servir para intentar inculpar a la magistrada Victoria Rosell (en ese momento diputada de Podemos) que había sido denunciada ante el Tribunal Supremo por el exministro José Manuel Soria.
Esa grabación de marzo la conocimos el jueves 12 de mayo cuando Miguel Ángel Ramírez la presentó ante Carla Vallejo, la magistrada que sustituyó a Salvador Alba en el juzgado de instrucción número 8 (en el que se seguía la causa contra Ramírez y que se había iniciado cuando la titular era Victoria Rosell). En la grabación el juez Alba daba a entender que si la denuncia de Soria contra Rosell prosperaba la causa contra Ramírez podría ser archivada. El mundo al revés, un funcionario público cuyo deber es perseguir el delito y castigar a los culpables, se dedicaba presuntamente a fabricar pruebas para favorecer a un político que usaba los tribunales para perseguir a una rival política por venganzas personales. Todo esto presuntamente, no vaya a ser que a alguien se le ocurra ahora perseguir al mensajero por contar un vodevil que se ha transmitido casi en directo en los medios para descrédito de la Justicia.
