El Departamento de Salud alega que la empresa presta bien el servicio y que la situación de los trabajadores le corresponde a la Inspección de Trabajo.
La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) ha denunciado ante la Inspección de Trabajo y ante la Conselleria de Sanidad lo que considera un posible fraude a la Seguridad Social que estaría cometiendo la empresa que presta el servicio de vigilancia de seguridad en el Hospital General de Elche, así como en Dénia y en Vega Baja y en los centros de salud que corresponden a esos departamentos. El sindicato asegura que tiene conocimiento de que al menos un tercio de los veinte vigilantes destinados al Hospital General de Elche tienen contratos de jornada parcial y estarían trabajando jornadas completas y a veces más horas mensuales de las que la ley permite. Todo ello se relata en la denuncia, en la que afirman que «la mercantil en sus centros de trabajo de la provincia de Alicante está procediendo a efectuar contratos de duración determinada a jornada parcial y pese a ello están efectuando jornadas completas, sin que se cotice por ellas y por lo tanto sin llevar el control de las horas complementarias». Esas horas que se hacen de más no se pagan como hora extra, asegura el sindicato, ni aparecen en los documentos de cotización.
Tras presentar esa denuncia (registrada el 3 de octubre), el sindicato se dirigió por registro a la Conselleria de Sanidad (el día 7 del mismo mes) exponiendo los mismos hechos y pidiendo a la Gerencia del Hospital General de Elche que intervenga, averigüe las irregularidades y actúe en consecuencia para garantizar que se cumpla la normativa. A este respecto, el sindicato expresa que, «en la mayoría de estos contratos a tiempo parcial, el cómputo de horas mensuales realizadas (horas ordinarias y voluntarias complementarias) supera en exceso la jornada a tiempo completo prevista en el convenio colectivo, en equivalencia a la jornada máxima legal de las 162 horas mensuales, circunstancia contraria a derecho que llega a alcanzar en algunas ocasiones hasta 200 horas mensuales». Como la retribución no aparece en los recibos salariales, FTSP-USO señala que se puede estar produciendo «una posible defraudación a la Seguridad Social e incumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa».
Ante esta situación, el secretario de Acción Sindical de FTSP-USO en la Comunidad Valenciana, José Carreño, expone que «la Administración autonómica está dando contratos a precio, llegando a la baja temeraria, y eso conlleva que se puedan cometer delitos por incumplimiento de la normativa laboral, como ya pasó con los vigilantes de seguridad de la Conselleria de Justicia (que dejó de pagar durante meses a sus empleados)». En este caso, el representante sindical asegura que «la Administración ha dado un contrato a una empresa que tiene a hombres y mujeres trabajando cotizando, en el mejor de los casos, al 50% en la Seguridad Social y haciendo incluso jornada y media, llegando a trabajar 200 horas con un contrato de 80», por lo que la Conselleria estaría consintiendo un fraude a la Seguridad Social y la Agencia Tributaria en sus propios hospitales, y del que por tanto debería tener una «responsabilidad subsidiaria».
Desde la Conselleria de Sanidad emplazaron a la respuesta ofrecida por el departamento de salud del Hospital General de Elche, que afirmó a preguntas de este diario que los responsables del área económica y de contratación son conocedores de la denuncia sindical, pero que «se trata de una empresa externa y el Hospital no puede abrir ninguna investigación, ni el Consell tampoco; es algo que le corresponde hacer a la Inspección de Trabajo». Además, desde el Hospital General añaden que «la empresa está cumpliendo con todo lo que se estipulaba en la contrata, prestando las horas y el servicio».
El coordinador provincial de CCD (Ciudadanos Centro Democrático) de Alicante, César González, hizo suya la denuncia y afirmó que «solicitamos tanto a la dirección del centro como a la Conselleria de Sanidad que abran una investigación para esclarecer los hechos y, en caso de que sea procedente, depuren responsabilidades» y se pregunta si se está «mirando para otro lado por motivos desconocidos». CCD añade que es «gravísimo» que el Consell «que se dice de izquierdas y defensor de los derechos de los trabajadores pudiera estar permitiendo este tipo de abusos, consintiendo un posible fraude a la Seguridad Social, cuando a cualquier pequeño empresario o autónomo se le estrangula económicamente y se le obliga a cumplir unas leyes laborales que el sector público parece no querer para sí mismo». Sostiene que la Generalitat debe tomar medidas contra la contrata si incumple la ley.
Este diario ha tratado sin éxito de conocer la versión de la empresa EME Compañía de Seguridad Ingeniería y Mantenimiento S.L., tanto en su sede de Alicante como en la central de Madrid.
