Prosegur recurrirá la sanción millonaria impuesta al grupo y a su filial Prosegur Servicios de Efectivo España por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) por repartirse, junto con la empresa Loomis Spain, el mercado de transporte y manipulación de fondos durante, al menos, 7 años.
Competencia ha multado a Prosegur y a su filial con 39,4 millones de euros y a Loomis Spain, con 7 millones, además de sancionar a los directivos José Luis Illana Garcia (Prosegur) con 36.000 euros y a Juan Miguel Mata Montejo (Loomis) con 16.600 euros.
Prosegur reafirmó hoy, en un comunicado que "no ha incurrido en práctica anticompetitiva alguna y que ha actuado siempre con absoluto respeto a la legalidad vigente".
El grupo considera que de las conclusiones expuestas en la resolución de la CNMC se desprende que el organismo "no ha tenido en cuenta, al menos, dos de las características singulares que inciden de manera directa en la gestión del negocio de la logística de valores y gestión de efectivo".
Se trata de la subrogación laboral y la subcontratación y, en cuanto a la primera, las empresas que, como Prosegur, aplican el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad, "garantizan con ello una importante protección al empleado", señaló el grupo.
Sin embargo, esta situación se traduce en "un mayor coste para el nuevo prestador del servicio" cuando hay un cambio de proveedor, al estar obligado este último a asumir todo el personal de su predecesor que se acoja a su derecho a subrogarse, matizó el grupo.
Por su parte, la subcontratación entre proveedores permite a las compañías cumplir con las necesidades del mercado que demanda al proveedor la prestación de servicios cubriendo zonas geográficas concretas.
Además, la enorme diferencia en la cuantía de las sanciones impuestas a las empresas afectadas supone, en opinión de Prosegur, "una aplicación errónea de los principios de proporcionalidad e igualdad de trato".
La compañía aseguró haber colaborado con el organismo "en todo lo que éste le ha requerido desde que, en febrero de 2015, iniciara su investigación" y reiteró su compromiso con el cumplimiento de la legalidad en cualquiera de sus actividades, así como en todas las zonas geográficas donde opera.
