La plantilla de vigilantes de la empresa PIRATA Seguridad Integral Canaria ha acordado en ASAMBLEA de trabajadores/as la convocatoria de una huelga como medida de protesta ante el comportamiento de la empresa por el reiterado impago de las nóminas, que ha sido “el detonante” para que haya tomado esta decisión.
Se expusieron los hechos acaecidos hasta la fecha y donde se mostró a aquellos trabajadores/as que quisieron la documentación del último mes del comité y de la sección sindical de USO en Seguridad Integral Canaria (SIC).
Tras la asamblea de trabajadores de SIC por unanimidad se decide ir a la huelga por lo sé comenzarán los trámites legales para tal fin.
Nos apoyaron el grupo “Si Se Puede” del Ayuntamiento de Santa Cruz, el grupo Podemos del Parlamento de Canarias y del Ayuntamiento de La Laguna, así como el Comité para la Unidad Obrera (CUO).
Los/as trabajadores/as de la provincia de Tenerife se adhieren a las denuncias presentadas por la FTSP- USO Canarias ante la Dirección General de Trabajo el pasado día 17 de febrero de 2017, ampliando este conflicto al territorio regional.
Sopesándose la posibilidad de elevar el conflicto al ámbito nacional dado que se dan los condicionantes.
TODOS SOMOS DE INTEGRAL.
El pasado viernes 17 de febrero la FTSP-USO Canarias presentó denuncia contra la empresa SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA ante la Dirección General de Trabajo y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Las Palmas que afecta a todos los trabajadores y trabajadoras de la misma por los motivos siguientes:
– Cotizaciones a la Seguridad Social.
– Incumplimiento del pago de salarios en la fecha expuesta en Convenio Colectivo de aplicación, tipificado como muy grave en la LISOS (Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social).
– Incumplimiento voluntario y desobediencia de las Sentencias del Tribunal Supremo sobre la tabla salarial que debe aplicar, siendo ésta la establecida en el Convenio Colectivo de Seguridad Privada, hecho éste que está tipificado como muy grave y además que puede ser constitutivo de un delito contra los derechos de los trabajadores.
