Desde el inicio de esta brutal crisis económica, desde USO hemos constatado y denunciado el recorte en las políticas y medidas de igualdad por parte de las administraciones, que han sido dejadas de lado también en los centros de trabajo.
Las consecuencias de la crisis se están ensañando con mayor crudeza en las mujeres a las que afecta, directamente, con reducciones salariales, pérdida o precarización de sus puestos de trabajo, e indirectamente, a través de los recortes presupuestarios en los servicios públicos y las ayudas sociales.
En la última legislatura, se ha retrocedido a pasos agigantados en materia de igualdad. Tras diez meses de gobierno en funciones y dos campañas electorales en las que la igualdad ha sido invisible en debates y programas, en esta incipiente legislatura celebramos que la violencia de género y la conciliación empiezan a estar presentes en el debate político. Pero a pesar de ello, desde USO tenemos que volver a denunciar que LA IGUALDAD NO ES UNA PRIORIDAD.
Arrancamos una legislatura en la que se constituye un Congreso en el que, a pesar de que las mujeres supongan el 40% del total de diputados, no hay ni una sola portavoz parlamentaria titular. Y en la que, las primeras medidas que adopta el Gobierno y la nueva Ministra en materia de Igualdad son de recorte y supresión de ayudas y subvenciones enfocadas a la promoción de la igualdad de oportunidades.
La primera de ellas ha sido la eliminación, por parte del Instituto de la Mujer, de las subvenciones a las universidades para la realización de postgrados de género y actividades relacionadas con la igualdad. Han quedado suspendidas las becas destinadas al pago de la matrícula para los estudios de postgrado de igualdad de género y toda la financiación dentro de la universidad de las actividades relacionadas con la violencia machista, el fomento del empleo femenino o la conciliación.
La segunda de las medidas es la eliminación de las ayudas para PYMES, que se conceden desde 2008 y que estaban destinadas a financiar la implantación de planes de Igualdad en las empresas que tienen entre 30 y 250 trabajadores. Al tomar esta medida, se deja de conceder un millón de euros que serviría para poner en marcha en más un centenar de pymes medidas que acaben con la discriminación de la mujer en el mundo laboral. Este recorte cobra aún más dimensión si tenemos en cuenta que de las empresas de más de 250 trabajadores que tienen la obligación por ley de negociar planes de igualdad solo lo han hecho el 10%.
La tasa de paro en España de las mujeres menores de 25 años es del 42,8%, ocupando el segundo lugar a nivel europeo por detrás de Grecia. El desempleo entre las mayores de 25 supone un 18,5%. El desempleo femenino ha crecido más que el masculino en estos últimos años de crisis y es muy preocupante el aumento de las paradas de larga de duración, que asciende al 52%.
Si el desempleo entre las mujeres aumenta, la calidad del empleo de la mayoría de las que consiguen un trabajo está definida por la precariedad y la temporalidad. Según el INE, las razones por las que las mujeres aceptan contratos a tiempo parcial son: para un 60%, no poder encontrar trabajo a jornada completa, y el cuidado de menores o adultos en enfermos, incapacitados o mayores para un 12,7%.
La feminización del cuidado y la imposibilidad de conciliar la vida familiar y laboral, relegan a las mujeres a condiciones laborales y salariales más precarias, cuando no a salir del mercado laboral, y, esta situación lastra su futuro condenándolas a pensiones bajas y a la pobreza en su vejez. Ya en la actualidad, de los dos millones de pensionistas que cobran entre 600 y 650 euros, el 71% son mujeres.
Por otro lado, la presencia de las mujeres en cargos de responsabilidad y de toma de decisiones sigue siendo ínfima. Las mujeres representan algo menos de la tercera parte del total de quienes ocupaba los órganos superiores y los altos cargos de la Administración General del Estado, y el porcentaje de mujeres en el conjunto de Consejos de Administración de las empresas que forman parte del Ibex-35 es del 19,4%.
Desde USO insistimos en que uno de los principales indicadores de calidad de vida democrática es el acceso de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres a todos los ámbitos de la vida. El derecho al trabajo digno es una condición esencial para una igualdad de derechos efectiva, para la independencia económica y la realización profesional de las personas.
USO seguirá luchando para que la igualdad sea una prioridad en el diseño de políticas y en la inversión para que se lleven a cabo; para que sea una prioridad en el ámbito laboral a través de la negociación y la participación de las mujeres en la representación sindical en los centros de trabajo; para que se ponga el foco en la necesidad de una educación para la igualdad; en que la erradicación de la violencia machista sea un asunto de estado. En definitiva, en conseguir una sociedad más justa y mejor.
