En nuestro país, los últimos años estamos viendo avances en cuanto a la integración de criterios sociales y ambientales en las compras públicas, a nivel local, regional y nacional. En este último ámbito, si repasamos el histórico, la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público incluía ya expresamente la incorporación de cláusulas sociales.
Este tema es el foco de actualidad esta semana, pues el pleno del Congreso debate este jueves 16 de febrero el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Los objetivos que inspiran la nueva regulación van en la línea de impulsar la transparencia en la contratación pública, conseguir una mejor relación calidad-precio, y dar prioridad a las consideraciones medioambientales, a aspectos sociales, y a la innovación en las licitaciones.
Esta nueva legislación permite que los compradores utilicen mejor la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes, como la promoción del empleo y la integración social y la prestación de servicios de alta calidad en las mejores condiciones posibles.
Sin duda, las Administraciones Públicas desempeñan un papel muy relevante en el desarrollo de la RSE: como impulsoras de buenas prácticas en las empresas, dinamizadoras en el conjunto de la sociedad y modelo de referencia en sus ámbitos de responsabilidad. Así, la Administración opera como catalizadora de la RSE, y la contratación pública responsable es una herramienta fundamental para ello.
Vemos cómo los procesos de compra pública responsable, si están bien diseñados, dan respuesta a una demanda creciente de los ciudadanos respecto a una Administración más transparente, eficiente y de calidad y contribuyen, con todo su potencial, a promocionar y desarrollar un tejido empresarial socialmente responsable.
Además, la inclusión de criterios sociales y ambientales en los procesos de compra pública no son un menoscabo de la libre competencia ya que incrementan el número de agentes en el mercado, y asimismo suponen un elemento de refuerzo en la competitividad de los países. Lo fundamental es que estos procesos hayan sido fruto de un diálogo constructivo con las empresas a las que afectan e, insisto, con un diseño solvente y adecuado.
Sobre esta temática, Forética ha publicado recientemente el informe “La RSC en la compra pública de servicios de seguridad”, en colaboración con APROSER, patronal de empresas de seguridad privada. El documento, centrado en la contratación de servicios de seguridad privados, pretende ofrecer a las Administraciones Públicas las claves más relevantes a la hora de llevar a cabo estas acciones de responsabilidad social centradas en la contratación, pero muy interesante con pistas para otros muchos sectores.
La conclusión principal del estudio es que la selección de proveedores o prestadores de servicios que trabajen con la Administración debe hacerse, no sólo bajo criterios económicos, sino teniendo en cuenta aspectos sociales y ambientales. ¿El objetivo último? Extender la responsabilidad social a toda la cadena de valor, y para ello el texto que hoy se debate en el Congreso esperemos suponga un gran impulso.
