Las empresas se descuelgan en Galicia del convenio estatal y plantean bajadas de sueldo que alcanzan hasta el 30 %
MARIO BERAMENDI
Las principales empresas que operan en el sector de la seguridad privada en Galicia han empezado a descolgarse del convenio colectivo marco estatal, vigente hasta finales del 2014. Amparadas en la controvertida reforma laboral aprobada por Rajoy, las compañías plantean modificaciones de horarios y bajadas salariales que, en algunos casos, alcanzan ya el 30 %. Una situación que afecta en la comunidad a 4.500 trabajadores.
Las asambleas entre sindicatos y trabajadores se están sucediendo por toda Galicia. Y el escenario no es muy alentador: el objetivo, para el 2015, finalizada la vigencia del marco estatal, es que cada compañía tenga su propio convenio y se elimine la práctica de la subrogación, muy arraigada en este sector. Es esto lo que permitía que al cambiar la concesión de la seguridad de un edificio, los trabajadores pasasen a la nueva empresa manteniendo sus condiciones. En la práctica, una garantía de empleo. «Estamos ante una situación muy delicada, indefensos por los cambios de la reforma laboral y con miles de trabajadores en Galicia en una situación de incertidumbre», sostiene Enrique Llames. Los empleados gallegos de empresas de seguridad, un sector donde operan firmas como Prosegur, Vinsa, Seguriberia, Eulen o Prosenorsa, entre otras, aguardaban este año una mejora de las condiciones, pero ha sucedido todo lo contrario.
Cuando se inició la crisis, las empresas y sus plantillas acordaron una congelación salarial, que estaba vigente desde el 2007. El pasado año 2013 se les redujo el sueldo un 1,87 % (una cantidad equivalente a 237 euros al año) y este 2014 los trabajadores aguardaban recuperar un 2 % y la bajada que se había aplicado el año anterior. Nada de eso ha sucedido. En las modificaciones que se están aplicando en los descuelgues del convenio juegan un papel determinante las ampliaciones de horario. La reforma legal de Interior, que otorga a los guardias de seguridad competencias antes reservadas a las policías, aventura una mayor carga de trabajo con menor sueldo, según denuncian los sindicatos.
Con el convenio marco estatal, un empleado de seguridad privada cobra 15 pagas anuales de 1.036 euros brutos y algunas empresas, que han visto sus ingresos muy reducidos, están rebajando hasta 300 euros.
