La Inspección Fiscal les ha abierto una “investigación interna” por su actuación en relación con la magistrada en excedencia Victoria Rosell, diputada electa de Podemos
La denuncia incluye comportamientos disciplinarios “muy graves” como la falta de competencia para investigar, no haberse abstenido por enemistad manifiesta, filtrar las investigaciones y denegar el derecho a la defensa
La Fiscal General del Estado ha admitido la personación en las diligencias de la asociación Jueces para la Democracia
La Inspección Fiscal, dependiente de la Fiscalía General del Estado, ha abierto una “investigación interna sobre la actuación de la Fiscalía Provincial de Las Palmas en relación con la magistrada en excedencia María Victoria Rosell”, a raíz de la denuncia que ésta interpuso ante ese órgano por la investigación preprocesal que ordenó abrir el fiscal jefe provincial, Guillermo García-Panasco, e instruyó la fiscal de Delitos Económicos, Evangelina Ríos Dorado.
García-Panasco dirigió una investigación que él mismo calificó en un comunicado emitido el 3 de diciembre como “diligencias preprocesales de carácter informativo (…) para valorar la posible comisión de una infracción disciplinaria que, en su caso, sería puesta en conocimiento de los órganos competentes del Consejo General del Poder Judicial”.
Las diligencias iban encaminadas a dilucidar si la magistrada en excedencia, por aquellas fechas candidata de Podemos al Congreso de los Diputados, habría cometido una infracción disciplinaria por no haberse abstenido en una causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria por fraude fiscal contra el presidente de Seguridad Integral Canaria y de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. La Fiscalía, en base a una denuncia anónima, consideró que coincidieron en el tiempo los últimos días de ejercicio profesional de la magistrada con un contrato que suscribió una empresa de la UD Las Palmas con la mercantil de su pareja, el periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, sobre una frecuencia de radio sobre la que opera la emisora oficial del club deportivo.
La apertura de aquellas diligencias, cerradas el 11 de diciembre, coincidieron con el inicio de la campaña electoral para las elecciones del día 20 del mismo mes, lo que condujo a la magistrada a solicitar y obtener de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la suspensión de las investigaciones por vulneración de sus derechos fundamentales.
Paralelamente, el 7 de diciembre, Victoria Rosell dirigió a la Fiscalía General del Estado una denuncia en la que relataba los hechos sucedidos hasta entonces en los que solicitaba la apertura de un expediente contra los dos fiscales por varias infracciones disciplinarias, algunas de las cuales podrían catalogarse de “muy graves”.
En su escrito, la hoy diputada de Podemos destacaba cómo la Fiscalía de Las Palmas había iniciado sus indagaciones sin tener competencias legales para hacerlo por ser materia exclusiva del Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial la investigación y apertura de expedientes disciplinarios a jueces y magistrados. Además, la magistrada en excedencia denunciaba la práctica de diligencias por parte de los dos fiscales contrarias al derecho a la protección de datos de terceras personas en un expediente disciplinario, ya que durante sus indagaciones los fiscales pidieron información de cuentas bancarias sin autorización judicial.
En su denuncia se incluyeron otras prácticas presuntamente punibles, como la negativa “deliberada a mi derecho al acceso a la información del procedimiento, y por ende, a mi derecho fundamental de defensa y de acceso a la tutela judicial efectiva”.
La denuncia que ha dado objeto a esta investigación de la Fiscalía General del Estado incluía la “filtración a los medios de comunicación” de unas diligencias a las que sólo tenía acceso la propia Fiscalía Provincial de Las Palmas, “facilitando un marco propicio para el juicio paralelo, dadas las circunstancias de mi condición de candidata al Congreso de los Diputados y las fechas de campaña electoral” elegidas.
Asimismo, fue motivo de denuncia “el incumplimiento del deber de abstención por parte del fiscal jefe provincial de Las Palmas (promotor del procedimiento) y de la fiscal instructora del mismo, doña Evangelina Ríos, dada la parcialidad de ambos motivada por enemistad manifiesta”.
La Fiscalía General del Estado decidió abrir “diligencias de inspección fiscal” el pasado 14 de diciembre “para constatar y delimitar posibles disfunciones o anomalías en el funcionamiento que se presta desde la Fiscalía Provincial de Las Palmas, antes de proceder –en caso de presentar entidad disciplinaria- a la apertura de diligencias informativas o expediente disciplinario”.
El pasado 22 de diciembre la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, notificó a Jueces para la Democracia que se le incorporaba como parte a las diligencias de inspección 144/2015 “a la vista de la identidad (sic) de las denuncias y de los hechos cuya investigación se interesa”, después de que la asociación judicial remitiera un escrito a ese órgano solicitando una investigación interna sobre la actuación de la Fiscalía Provincial de Las Palmas.
Jueces para la Democracia, asociación a la que perteneció Victoria Rosell hasta que le fue concedida excedencia voluntaria el pasado 22 de octubre, reclamó formalmente a la Fiscalía General del Estado "la apertura de una investigación interna para que se aclaren los hechos referidos y se depuren las responsabilidades en las que pudieran haber incurrido la fiscal Evangelina Ríos y el fiscal jefe provincial de Las Palmas Guillermo García Panasco".
Las diligencias abiertas a la magistrada en excedencia fueron remitidas precipitadamente por la Fiscalía de Las Palmas al Consejo General del Poder Judicial el 11 de diciembre, justo en el momento en el que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias decidía suspenderlas por vulneración de derechos fundamentales. Aquella precipitación fue tachada de “insólita” por la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal canario.
