Medio centenar de operadores están ya habilitados en Galicia para actividades con aeronaves no tripuladas - Las autorizaciones se dispararon de julio a diciembre de 2015
¿Un negocio que se estima que moverá unos 15.000 millones de euros por año? El gancho es lo bastante atractivo como para que en Galicia durante el segundo semestre de 2015 se mutiplicase casi por cuatro la cifra de empresas y particulares que presentaron la declaración responsable ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para realizar trabajos científicos y técnicos con drones, aeronaves pilotadas por control remoto.
Así, a día de hoy, según la AESA, se contabilizan 48 operadores en la comunidad (el 5% de los 940 en España), de los que 34 (el 70%) se apuntaron al mundo dron entre julio y diciembre de 2015, mientras que en 2014, cuando el Gobierno central avanzó la primera regulación para el sector, solo tres empresas fueron las pioneras, todas en A Coruña.
Esa es la provincia que concentra más operadores, 20, aunque Pontevedra le pisa los talones con 17 y puede presumir de contar en sus filas con la Universidade de Vigo, la primera institución académica del Estado -y la segunda pública, tras el CSIC- en recibir de la AESA autorización para realizar trabajos aéreos con drones. La Universidade de Santiago también se apuntó al carro, siete meses después. En Ourense solo constan cuatro autorizaciones y siete en Lugo, donde se ubica Rozas, el lugar escogido por la Xunta para impulsar un polo tecnológico e innovador en torno a los drones.
Muchas de las empresas e incluso particulares registrados en la AESA solo declaran, aparte de uso en I+D, actividades de fotografía y filmaciones (el audiovisual es uno de los campos donde da más juego), junto a publicidad y levantamientos aéreos topográficos, pero en torno a una veintena de compañías añaden otra funcionalidad, la vigilancia de incendios forestales, una de las vocaciones de estos aparatos en la que puso más interés el Ejecutivo autonómico.
Los drones pueden ser de ayuda en operaciones de emergencia, búsqueda y salvamento y casi todas las firmas que ofertan vigilancia contra el fuego (y la posiblidad de lanzar productos para su extinción) se apuntan a participar en estos dispositivos. Pero las posiblidades que ofrecen los drones con la actual regulación española no acaban ahí, porque abarcan tratamientos fitosanitarios, para emisiones de radio y televisión o exploración, más allá de los titulares que acapara el reparto de paquetes de una gran multinacional o el experimento de Correos en Asturias para llevar misivas a lugares poco accesibles.
Al margen de estas actividades, "el uso de un dron como hobby o como vuelo recreativo no necesita habilitación de AESA", asegura esta en su web. Pero "debe cumplir unas normas de seguridad" explicadas en su página (no volarlo en zonas urbanas, ni de noche, ni sobre aglomeraciones de personas, ni cerca de aeropuertos, sino solo en zonas "adecuadas" para ello, entre otras reglas) porque "no es un juguete, es una aeronave" y las multas por su uso "indebido" pueden alcanzar los 225.000 euros.
