El final de ETA se llevó por delante el trabajo de miles de escoltas que durante los años de plomo protegieron a políticos, magistrados, periodistas y ciudadanos amenazados por la banda terrorista. Ahora reivindican su trabajo y reclaman que se les recoloque protegiendo a las víctimas de violencia de género.
Manuel Jiménez tiene 43 años y durante ocho fue escolta en el País Vasco, encargado de proteger la vida de cargos públicos que estaban en el punto de mira de ETA. Desde 2011, cuando la banda terrorista anunció el cese definitivo de la violencia, está en el paro y viviendo, según él mismo cuenta, “de la caridad de mis padres y mis suegros”. Ahora es el portavoz de los escoltas de la Asociación Marea Negra por la Seguridad Privada, que reivindica la recolocación de quienes perdieron su puesto de trabajo en tareas de protección a víctimas de violencia de género, algo en lo que ya trabajan desde el año 2004 un centenar de guardaespaldas en Euskadi.
“Con el fin de la violencia vinieron los ERE salvajes de la empresas de seguridad y muchos nos quedamos en la calle después de años dedicando muchas horas del día a la protección de cargos públicos –cuenta Manuel Jiménez-. El Ministerio del Interior nos prometió en el año 2012 recolocarnos en la vigilancia exterior de las prisiones, que el departamento iba a privatizar, pero a la hora de la verdad es que en esta tarea trabaja un colectivo muy pequeño”.
El fin de la violencia de ETA en 2011 supuso el despido de la mayoría de los 3.500 escoltas que prestaban protección en el País Vasco
Gema Ruiz, presidente de la Asociación las Sombras Olvidadas de Euskadi y Navarra, con apenas un centenar de afiliados, está también en paro tras once años en labores de protección en el País Vasco. “Las promesas de recolocación en la vigilancia exterior de las prisiones quedó en nada y da trabajo, como mucho, a entre un 9 y un 10% de los escoltas que trabajábamos en el Norte durante los años más difíciles, unos 3.500. En total serán unos 350 vigilantes, mientras el resto se encuentra en una situación dramática, sin trabajo y sin ningún tipo de ayudas sociales”.
Vicente de la Cruz, presidente de la Asociación Española de Escoltas, que dice contar con 2.500 asociados, prácticamente el 100% de la profesión, y que también trabajó como escolta en el País Vasco desde 1988, explica que “lo que ocurrió es que las empresas que dejaron de facturar muchos millones de euros cuando se acabó ETA reclamaron a la administración que se las compensaran, y se las benefició dándoles la protección exterior de las cárceles, pero se benefició a las empresas, no a los escoltas, muchos de los cuales, además, no queríamos ese trabajo porque no somos vigilantes”.
“La gente piensa que nos forramos siendo escoltas de amenazados por ETA –dice José Luis Corpas, de la Asociación Las Sombras Olvidadas- pero la verdad es que cobrábamos seis euros por hora de trabajo con jornadas de 13 y 14 horas”. “Había días –dice Gema Ruiz- que salías de casa antes de las seis de la mañana y regresabas a la una de la madrugada del día siguiente. Primero nos pagaron por horas y cuando no les interesó nos dieron una cantidad fija, tres mil euros al mes. Yo tengo ahora 49 años y por mi edad no me quiere nadie. La situación es desesperante”.
El País Vasco es pionero en un servicio de protección amenazadas por violencia de género en el que ya trabajan antiguos escoltas anti ETA
La salida que ven ahora a su actual situación es que el Gobierno decida invertir en la protección a mujeres víctimas de violencia de género, como ya ocurre en el País Vasco desde el año 2004. “Desde 2011 venimos hablando con distintas administraciones públicas sobre nuestra situación y proponiendo que se implante un sistema de protección a mujeres amenazadas como ya existe en el País vasco –dice José Luis Corpas -. Igual que se gastaron millones en protección de políticos, que lo hagan ahora en aquellos casos en los que existe un riesgo real de agresión para las mujeres amenazadas”. “Pedimos que lo que se está haciendo en el País Vasco se traslade al resto del país –señala Manuel Jiménez-. Que se haga un plan de choque y que el Estado pague el 50% y las comunidades el otro 50%. Esta es la solución que les hemos planteado a todos los partidos y al ministro del Interior”.
“El País Vasco tiene transferidas las competencias de seguridad –puntualiza Vicente de la Cruz- y aunque hemos intentado que el modelo se extienda, la verdad es que jurídicamente no tiene encaje. La gente que estaba en el País Vasco en la época dura de ETA tiene ahora entre 45 y 50 años y no son el perfil que demanda la profesión, esa es la realidad. No se ha hecho un reconocimiento adecuado del papel de los escoltas en el País Vasco y la realidad es que no se ha hecho nada respecto a su reinserción laboral. Lo que hay que pedir al Ministerio del Interior es que se coordine con Trabajo, vía INEM, con procesos de formación para esta gente, y que mientras los llevan a cabo se les pague un sueldo”. De la Cruz asegura que muchos de los que perdieron su trabajo se han reubicado en otros sectores, y que es el grupo que no ha encontrado acomodo el que necesita que se le ofrezcan salidas profesionales a su situación.
