Nos causa perplejidad que se publique en algún medio de comunicación, noticias sobre las actuaciones judiciales de la Juez Vallejo, cuando aún no se había comunicado a las partes estos autos, dando continuidad a este circo mediático que muchos han calificado como uno de los mayores escándalos de la judicatura en Canarias.
Recordamos que la Juez Vallejo, es la tercera juez que lleva el caso de las supuestas infracotizaciones de la empresa Seguridad Integral Canaria, estando actualmente los dos jueces anteriores, Alba y Rosell, imputados por actuaciones en este caso.
La rebaja de la fianza de 17 millones a 3.2 millones de euros, corresponde según se publica en prensa, atribuyendo estas declaraciones a la Juez Vallejo, es que Seguridad Integral Canaria, está liquidando en la Seguridad Social la cuota que estima defraudada, en concreto 13.784.050. Algo de razón parece que teníamos al denunciar estos hechos.
Con respecto al sobreseimiento del presunto delito contra los derechos contra los trabajadores, comentar que nunca fue ese el objeto de nuestra denuncia, ya que, este delito fue imputado a la empresa y sus administradores, Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas por la Juez Rosell. En cuanto a pasar la FTSP-USO de acusación particular a acusación popular, entendemos que a estas alturas de la instrucción es ya irrelevante, ya que, nos obliga solamente a concentrar la asistencia letrada en una sola dirección.
Lo más importante de lo publicado en los distintos medios es que la Juez Vallejo, rechaza el sobreseimiento solicitado por la defensa de Seguridad Integral Canaria, por los delitos contra Hacienda relativos a los años 2009 a 2013 y de la Seguridad Social correspondientes a los años 2009 a 2012. Esto viene a ratificar que nuestra denuncia fue presentada con criterios objetivos de defensa de los intereses de los trabajadores del sector, que se han aportado las pruebas necesarias para corroborar estos hechos y que tanto los inspectores de hacienda y seguridad social han ratificado, esclarecido y verificado con mayor amplitud nuestra denuncia.
Con relación a las medidas cautelares de prisión provisional del investigado, solicitadas por este sindicato, en la que la jueza estima que no procede, la FTSP-USO recuerda que estamos hablando de un delincuente con sentencia firme y que más tarde fue indultado por el gobierno de turno.
Sólo esperamos que una vez acabada la fase de instrucción, comience el juicio oral y ahí se determine, en base a las pruebas, la verdad sobre los hechos que se le imputan a la empresa y a los administradores de la misma.
