1. Las comunidades autónomas que, con arreglo a sus estatutos de autonomía,
tengan competencia para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del
orden público, ejecutarán la legislación del Estado sobre las siguientes materias:
a) La autorización de las empresas de seguridad privada y de sus delegaciones, así
como la recepción de la declaración responsable para la apertura de los despachos de
detectives privados y de sus sucursales, cuando, en ambos casos, tengan su domicilio en
la comunidad autónoma y su ámbito de actuación esté limitado a su territorio.
b) La autorización de las actividades y servicios de seguridad privada que se
realicen en la comunidad autónoma cuando requieran de la misma o de control previo.
c) La inspección y sanción de las actividades y servicios de seguridad privada que
se realicen en la comunidad autónoma, así como de quienes los presten o utilicen y la
inspección y sanción de los despachos de detectives privados y de sus sucursales que
realicen su actividad en la comunidad autónoma.
d) La recepción de la declaración responsable, inspección y sanción de los centros
de formación del personal de seguridad privada que tengan su sede en la comunidad
autónoma.
e) La coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas prestados
en la comunidad autónoma con los de la policía autonómica y las policías locales.
f) La autorización, inspección y sanción de los establecimientos e instalaciones
industriales, comerciales y de servicios sitos en la comunidad autónoma que estén
obligados a adoptar medidas de seguridad.
2. Las comunidades autónomas que, en virtud de sus estatutos de autonomía,
hayan asumido competencia ejecutiva en materia de seguridad privada cuando así lo
establezca la legislación del Estado, la ejercerán si disponen de cuerpo de policía propia
o establecen fórmulas de colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía previstas en la
legislación de fuerzas y cuerpos de seguridad, sobre las siguientes materias:
a) La autorización, inspección y sanción de las empresas de seguridad privada que
tengan su domicilio en la comunidad autónoma y cuyo ámbito de actuación esté limitado
a su territorio.
b) La denuncia, y puesta en conocimiento de las autoridades competentes, de las
infracciones cometidas por las empresas de seguridad que no se encuentren incluidas en
el párrafo anterior.
