El Ministerio desplegará a finales de junio los primeros agentes que protegerán la central de Trillo a modo de programa piloto que se irá extendiendo al resto de instalaciones
El Ministerio del Interior desplegará a finales de este mes de junio los primeros efectivos de la Guardia Civil en centrales nucleares. En concreto, 70 funcionarios comenzarán a trabajar en el control de la seguridad de la instalación de Trillo, en Guadalajara, a modo de programa piloto que el Gobierno irá extendiendo poco a poco al resto de infraestructuras que operan en España.
El objetivo a corto plazo es que a lo largo de 2017 haya aproximadamente media docena de instalaciones asistidas por agentes del instituto armado especializados. La experiencia de Trillo será evaluada 'a posteriori' por la Secretaría de Estado de Seguridad con el fin de sacar conclusiones y planificar la extensión del modelo al resto de centrales, explican fuentes del Ministerio del Interior.
El plan de despliegue de guardias civiles incluye la posibilidad de establecer cuarteles de la benemérita en las centrales nucleares, ya sea dentro de los recintos o en las afueras, extremo que aún está por determinar, como otros muchos detalles de la organización de la seguridad que irá cerrando el Ministerio del Interior conforme vaya desarrollándose el programa. La instalación de estos cuarteles, sin embargo, no está previsto que sea en el corto, sino en el medio plazo, según explican fuentes conocedoras del mencionado plan, que prevé la incorporación de 200 agentes de reciente ingreso en el cuerpo en un primer estadio.
La decisión del departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz de asignar a la Guardia Civil la responsabilidad de controlar las centrales nucleares se produce en un contexto de incremento del yihadismo a nivel mundial y de aumento de las amenazas terroristas contra infraestructuras críticas. Estas últimas instalaciones cuentan ya con planes y protocolos de seguridad internos que el instituto armado tratará de mejorar, coordinar y actualizar frente a los nuevos riesgos.
El Gobierno incrementó la alerta antiterrorista al nivel 4, el segundo más alto de los previstos, que conlleva un "riesgo alto" de sufrir un atentado, tras los ataques yihadistas contra Francia, Túnez, Kuwait y Somalia perpetrados el 26 de junio de 2015. Este nivel conlleva la especial protección por parte de las fuerzas de seguridad del Estado de las infraestructuras críticas, entre las que destacan las mencionadas centrales nucleares, cuya seguridad ya ha sido reforzada también con más vigilantes privados.
Este último colectivo, de hecho, ha recibido ya la formación necesaria para ocupar estos puestos sensibles, y su presencia se mantendrá incluso una vez que se incorporen todos los efectivos de la Guardia Civil a sus nuevos puestos de trabajo. Vigilantes y funcionarios, por lo tanto, colaborarán en la seguridad de estas sensibles instalaciones cada uno con sus competencias. Los agentes, que también estarán especializados en este tipo de protección, aportarán adicionalmente la información que manejan los servicios antiterroristas a las tareas de mera vigilancia.
Las mismas fuentes apuntan a que las centrales nucleares se harán cargo del coste derivado de la contratación de un guardia civil. En concreto, está previsto que los responsables de las instalaciones desembolsen 62.000 euros por cada agente que se dedique al servicio, una cantidad sustancialmente más elevada que la que pagan en estos momentos por cada vigilante de seguridad
Entre los planes del Ministerio del Interior para la protección de las centrales, también se incluye la introducción de filtros que impidan el acceso de vigilantes poco formados, mal pagados o que no cumplan determinados requisitos a este tipo de servicios de los que depende la estabilidad del país. La forma de implementar estos filtros se llevará a cabo en el reglamento de la Ley de Seguridad Privada, aún pendiente de desarrollar. El texto incluirá previsiblemente una serie de criterios objetivos que algunas empresas no cumplirían, pero que ayudarían a mantener una alta calidad del servicio a modo de examen que deja fuera a los aspirantes no preparados.
El modelo mixto que pretende implementar el Gobierno, por lo tanto, sigue la línea marcada por Francia en la protección de las centrales nucleares, donde prestan sus servicios tanto vigilantes de seguridad privada como policías, y se distancia de lo que ocurre en Estados Unidos, país en el que estas instalaciones están controladas únicamente por empresas.
La colaboración entre seguridad privada y pública viene recogida en la Ley de Seguridad Privada, aprobada en abril de 2014. Sin embargo, no es esta la primera vez que se pone en práctica. Con base en el espíritu de esta norma, el Gobierno puso en marcha también el plan de privatización de los centros penitenciarios, que contempló la incorporación de vigilantes privados a la protección de las prisiones, hasta el momento realizada exclusivamente por la Policía Nacional o la Guardia Civil.
